Las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) acatarán la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia que, el viernes pasado durante una audiencia especial, liberó definitivamente de cargos penales y civiles a ocho procesados por el caso CEL-Enel.
Así lo manifestó ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien al respecto manifestó ayer que “ya los jueces los declararon que no tienen culpa”.
Significa que los abogados de CEL, que fue la parte demandante en el proceso jurídico, acatará la resolución judicial. De hecho, durante la audiencia especial instalada por el Tribunal Cuarto de Sentencia, no mostraron oposición o desacuerdo con el fallo judicial ni por el cambio de delito de peculado (desvío de recursos públicos) a peculado por culpa.
“Ahora ya hay una resolución, necesariamente la CEL tiene que analizarla, tiene que analizar el fallo, pero la CEL tiene que respetar la decisión del sistema de justicia, esa ha sido nuestra posición inicial y esa es la posición que vamos a mantener”, manifestó el gobernante al sentar postura sobre el proceso judicial que el viernes culminó con la exoneración definitiva de cargos contra los procesados.
El exabogado de la empresa italiana Enel Green Power, Francisco Bertrand Galindo, dijo que no se podía esperar otra cosa de parte del presidente Sánchez Cerén de acatar los fallos judiciales, pues con ello manda un buen mensaje a los inversionistas locales e internacionales, pero sobre todo, porque fue un proceso judicial que desde un inicio “no tenía base jurídica”.
El mandatario ocupó buena parte de su programa sabatino: Gobernando con la Gente, que ayer se realizó en Zacatecoluca, departamento de La Paz, para referirse a la resolución de los tres jueces de Sentencia que tomaron como base, para emitir el fallo, el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2014 entre el Estado salvadoreño y la italiana Enel Green Power en Washington.
El acuerdo establecía en una de sus cláusulas que se debía de dejar de perseguir por responsabilidad civil a los procesados.
Sánchez Cerén recordó que cuando viajó al Vaticano para una audiencia con el Papa Francisco, un alto funcionario de la cancillería italiana se le acercó para externarle la preocupación de su gobierno por el litigio comercial con la empresa Enel.
“Me dijo, estamos preocupados por la situación entre Enel y CEL, eso está causando problema a las empresas y queremos ver cómo podemos resolverlo, y como yo ya me había comprometido en mi discurso del 1 de junio, de que iba a ser un gobierno abierto al mundo y un gobierno de diálogo y concertación, yo le dije, nosotros estamos dispuestos a conversar y llegar a algún acuerdo…”, relató ayer Sánchez Cerén.
Dijo el gobernante que él le planteó al funcionario italiano que en nuestro país habían dos procesos con Enel: el comercial y el litigio judicial contra los exfuncionarios de CEL y de la empresa Enel, en el cual el gobierno no podía interferir.
“En ese proceso estaba el Fiscal General (Luis Martínez) directamente conversando ese tema, por eso es que nosotros hemos sido respetuosos del fiscal y hemos sido respetuosos de las decisiones de los jueces porque no podemos interferir”, recalcó Sánchez Cerén, quien no obstante ha cuestionado duramente algunos fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su parte, el exabogado de Enel, Francisco Bertrand Galindo, consideró que el proceso penal que culminó el viernes con la exoneración de cargos penales y civiles contra los ocho procesados, fue desgastante e innecesario porque no había delito que perseguir.
“Primero hubo un juicio artificialmente planteado. Claramente fue un instrumento más para lograr reposicionar el control de la inversión que tenían hecha los italianos, eso no es de este gobierno, fue hecho por el gobierno pasado, pero desde el inicio el caso no tenía base jurídica”, manifestó Bertrand Galindo.
Inclusive, es del criterio que el tribunal debió ordenar el sobreseimiento contra los procesados, porque no existía hecho delictivo.
“La solución técnica era un sobreseimiento puro y simple, porque realmente nunca hubo peculado de ningún tipo, pero esa no era posible porque dejaba muy emproblemada a la Fiscalía, entonces la solución de compromiso fue un cambio del delito y que ellos salieran libres”, dijo.
Pero igualmente considera que fue un buen resultado que beneficia no solo a los procesados que quedaron libre de cargos, sino para el Estado salvadoreño.
De acuerdo con el exrepresentante de Enel en el país, esta resolución judicial incidirá positivamente en el arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.
De hecho el Fiscal General, Luis Martínez, quien firmó el Acuerdo Marco en representación del Estado salvadoreño, y que también estuvo presente en la audiencia especial en el tribunal de sentencia, dijo que acudirá esta semana al Ciadi para solicitar el cierre definitivo del laudo arbitral.
El presidente Sánchez Cerén dijo que ahora su gobierno se enfocará en abaratar el consumo de energía a la población y para ello se hará una inversión millonaria. “Se va invertir, ya se inició la planta en Chinameca, de aquí de este año al 2019 se van invertir $330 millones en LaGeo para mejorar la producción de energía eléctrica a través del vapor, vamos a producir más o menos 50 megas”, aseguró.
Para el abogado, José Domingo Méndez, quien es miembro de Aliados por la Democracia, no se podía esperar otro resultado judicial, pues era un proceso que carecía de argumentos legales. “Ahí sí que estaba bien claro que no había porqué juzgar a estos señores y determinarles responsabilidad civil y penal. La resolución judicial ha sido atinada a derecho. Yo creo que fue un proceso casi que tenía un sentimiento de persecución política”, concluyó.