El caso CEL- Enel ha quedado cerrado en su totalidad.
Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia no puso reparos para exonerar de cargos penales y civiles a los ocho exfuncionarios que eran procesados por supuestas irregularidades en el proceso de selección de la empresa italiana Enel Green Power como socio estratégico para la explotación geotérmica.
La decisión colegiada de los tres jueces del referido Tribunal fue tomada en una audiencia especial que la Fiscalía y la defensa de los acusados habían solicitado el 11 de junio pasado, para definir la responsabilidad civil (indemnización por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Además, la defensa solicitó que se cambiara a los acusados el delito de peculado (desvío de bienes públicos) a peculado culposo, porque no hubo intención de causarle daño al patrimonio del Estado.
Dos de los jueces accedieron a esta última petición de los abogados de los ocho procesados, la cual fue avalada por la Fiscalía General.
“No vemos que terceras personas se hayan enriquecido por culpa de los exfuncionarios ahora procesados y que estuvieron en ese proceso de negociación de buscar un socio estratégico”, dijo Manuel Turcios, el juez que presidió la audiencia especial.
El abogado Luis Edgar Morales Joya explicó que las actuaciones de los exfuncionarios procesados están sustentadas con lo que les mandaba la Ley General de Electricidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
La referida ley, según Morales Joya, facultaba a los funcionarios a crear sociedades anónimas de capital variable para mejorar la productividad energética por parte de CEL.
A lo anterior se le sumaba que la autónoma iba camino a la quiebra y necesitaba capital para poder pagar todas sus deudas. “Cuando Enel se incorpora a Gesal y luego LaGeo, lo hace con la emisión de nuevas acciones y CEL mantuvo su capital, nunca CEL autorizó un desprendimiento de su patrimonio, ni tampoco hubo traspaso de bienes del Estado a Enel “, dijo Morales Joya.
Sostuvo además que los ahora sobreseídos tomaron decisiones basadas en recomendaciones técnicas, legales y constitucionales que les hicieron sus asesores.
Como el delito de peculado culposo ya había prescrito (expirado el tiempo para iniciar un proceso judicial), el tribunal no tuvo otra opción que liberar de cargos penales de forma definitiva a los ocho procesados.
Cumplen con acuerdo
El Fiscal General, Luis Martínez, quien participó en la audiencia especial, le reiteró al tribunal que el Ministerio Público renunciaba a la acción civil para los ocho procesados, porque así había acordado el Estado de El Salvador con la empresa Enel en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.
Enel abrió el proceso en el Ciadi el año anterior después que las autoridades salvadoreñas abrieran una causa penal y civil contra la firma italiana, sus ejecutivos y los exfuncionarios salvadoreños.
Martínez recordó que la demanda en contra de El Salvador se encuentra en suspenso en el referido centro de mediación internacional hasta que se cumpla totalmente el acuerdo marco en su totalidad o, de lo contrario, el Estado salvadoreño se arriesga a que la empresa italiana vuelva a reactivar la demanda.
“Es una medida urgente para que El Salvador pueda acudir al Ciadi a cerrar el caso, luego de haber cumplido con el acuerdo marco”, dijo Martínez (Nota aparte).
El 6 de junio pasado se cumplió el plazo de 180 días que tenían las partes, Estado de El Salvador y Enel Green Power, para cumplir con todos los compromisos pactados en el referido acuerdo, entre estos que todos los procesados en los tribunales de justicia salvadoreños sean exonerados de la responsabilidad civil.
“Es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, que el Fiscal General está en la obligación de hacer cumplir el acuerdo marco para acudir al Ciadi a cerrar el litigio internacional”, les dijo Martínez a los tres jueces que integran el referido tribunal.
Los abogados defensores encabezados por Edgar Morales Joya, quien defendió al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, secundaron la petición de exonerar de la acción civil a sus defendidos.
“Este acuerdo fue firmado por el Fiscal General en representación del Estado de El Salvador”, dijo Morales Joya al respaldar la petición hecha por el fiscal Martínez.
Cesan restricciones y embargos
Tras dar a conocer el fallo, el Tribunal de Sentencia decidió levantar las medidas restrictivas que tenían los procesados y además ordenará que se levanten los embargos de los bienes y cuentas bancarias de los mismos.
El fiscal Martínez sostuvo que en ningún momento se puede considerar que hubo impunidad en este caso por el hecho de que “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los fallos de los jueces deben respetarse. Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores ni andamos buscando venganza”.
Una de las jueces votó en contra del cambio del delito de peculado a peculado culposo, porque, según destacó, ni siquiera se había establecido que hubiera delito.
“Se ha declarado un hecho culposo (no intencional) cuando no se ha definido si hay delito. Se ha declarado sobreseimiento definitivo por prescripción (liberación de cargos por expiración de la persecución del delito) sin definirse si las personas son responsables… eso es contrario a lo que señala el artículo 11 de la Constitución de la República”, dijo la jueza.
Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo en la extinción de la responsabilidad civil con base en el acuerdo marco firmado por el Estado salvadoreño con Enel Green Power.
De esa manera acabó en El Salvador el proceso penal contra ocho exfuncionarios relacionados con la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica en el país.
El proceso penal se abrió después que arrancara una batería de al menos 35 programas y cadenas de radio y televisión del expresidente Funes, quien alegaba que había habido corrupción en la suscripción del contrato.
La defensa alegó durante el proceso que los acusados firmaron un contrato con la empresa italiana Enel basados en la Ley General de Electricidad, por lo que no había ningún delito que perseguir.
Pero, principalmente, el caso no tuvo razón de ser después que el Estado de El Salvador llegara a un arreglo con Enel y comprara las acciones de la compañía en LaGeo, con lo cual quedó claro que si esta transacción fue legal, también lo fue el contrato inicial.