Orden para matar a PPI del Parlacen salió de un penal

Tribunal decreta detención para cuatro procesados por atacar a los policías mientras siguen investigaciones

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Juzgado especializado ordena detención provisional para cuatro implicados en ataque al Parlacen. Foto EDH / ARCHIVO.

Por Yeny Letona sucesos@eldiariodehoy.com

2015-07-13 7:00:00

El juzgado Especializado de Instrucción A decretó instrucción formal con detención para cuatro sujetos acusadas de participar en el ataque armado contra la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde hirieron a dos agentes PPI, de la PNC.

Los imputados: Luis Gabriel Serpas Zelaya, Enrique Alexander Rodríguez Celis, Benjamín Alexander Roque Cruz y Diego José Vivas Henríquez son acusados por homicidio agravado en contra del agente, Joaquín Montiel Benítez, homicidio agravado en grado de tentativa en otro miembro de la corporación policial, además de agrupaciones ilícitas y actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares.

El hecho ocurrió el 7 de julio, a las 11: 15 de la mañana, en la sede del Parlacen, ubicado entre la 5ª y 13ª calle poniente, de San Salvador.

Los agentes se encontraban de servicio cuando fueron sorprendidos por los sujetos, quienes desde un vehículo los atacaron a balazos.

Minutos después los hechores huyeron y tres se escondieron en un motel de la zona; uno más salió con rumbo hacia la zona del Arenal, en San Miguelito, pero también fue capturado por la Policía.

La Fiscalía sostiene que quienes perpetraron el ataque fueron Luis Gabriel Serpas Zelaya y Enrique Alexander Rodríguez Celis, ambos presuntos pandilleros de la 18 Revolucionarios; mientras que los otros dos imputados habrían participado en diferentes roles: unos se dedicaron a trasladar a los atacantes y movilizaron las armas del ataque.

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que los procesados querían causar temor entre las instituciones del Estado.

Los acusados podrían purgar una pena de hasta 45 años por actos de terrorismo, más los de agrupaciones ilícitas y homicidio, por lo que la pena a imponérseles podría ser de 80 años.

Entre las pruebas de la Fiscalía están varios videos, balística y otras evidencias periciales que determinarán el grado de participación de cada procesado.

Además, se incorporará como prueba pericial el sistema de video del 911, donde aparecen los sujetos perpetrando el ataque.

Según se conoció en los tribunales, la orden de atacar a los policías del Parlamento Centroamericano fue girada desde un penal, aunque no detallaron de cuál.

Una de las víctimas de ese ataque era José Joaquín Montiel Benítez, de 57 años, quien trabajaba desde hace varios años en la Unidad de Protección a Personas Importantes (PPI) de la Policía.

Montiel se convirtió en el policía número 35 asesinado por pandilleros en lo que va del año.