Guatemala ya no es la misma. Ha despertado. El guatemalteco promedio no habla de otra cosa que no sea del repudio hacia los políticos y sus gobernantes. Taxistas, buseros, vendedores, policías y personas de toda clase social ya no son indiferentes y se manifiestan abiertamente en contra de la corrupción. Ya no confían en sus funcionarios y mantienen una presión popular constante para pedir la renuncia de sus gobernantes.
Pedro Chiquillo es un taxista de 65 años y lo primero que responde al preguntarle cómo está Guatemala, dice: “Muy mal, podrida en corrupción”.
“Mire, mano, estos sinvergüenzas se llevaron hasta las sillas que había en las oficinas. Estábamos acostumbrados a gobiernos corruptos, pero algunos repartían el dinero entre el pueblo, pero estos todo se lo han agarrado”, expresó con desagrado.
La opinión de Chiquillo es igual a la de muchos guatemaltecos que así como en Venezuela, Brasil y Ecuador y hasta Honduras, salen a las calles para protestar por la corrupción.
La gente sigue su rutina, todo parece normal, pero no lo está. Varias investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde los principales señalados son funcionarios, políticos, diputados, empresarios y hasta el presidente y vicepresidenta de la República, mantienen en vilo al país vecino.
Es así como Guatemala vive la peor crisis política de los últimos 20 años, que ha provocado el más deplorable cierre de la administración presidencial.
El escándalo de corrupción generado por las recientes investigaciones del Ministerio Público y la CICIG ha revelado desfalcos de millones de quetzales que han sangrado aún más las arcas del Estado, en un país que de por sí tiene necesidades económicas urgentes en rubros como salud, seguridad y educación, entre otros, según analistas.
La principal investigación que han realizado el MP y la CICIG ha generado hasta la renuncia de la vicepresidenta y la apertura de un antejuicio contra el presidente de la República, por una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las Aduanas de todo el país, la cual generó un desfalco millonario.
La referida investigación ha involucrado a toda la junta directiva de la SAT y al secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, que aún es prófugo de la justicia.
Además, la ilegal adjudicación de un contrato por Q116 millones (15.17 millones de dólares) a la empresa farmacéutica Pisa, para el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
También, Q52 millones (6.80 millones de dólares) que habrían sido desviados a cuentas de familiares destinados para el mejoramiento de las comisarías del país, pago a proveedores de gasolina, compra de repuestos para motos y autopatrullas.
Una cuarta investigación es contra un grupo de diputados acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros activos. A eso se le suma la venta de más de 70 plazas fantasmas en el Congreso (Detalles en la entrega de este martes).
Muchos guatemaltecos poco saben de esas investigaciones. Algunos sólo quieren ver que todos los involucrados renuncien de sus cargos y sean encarcelados.
La persona que dirige las investigaciones en el país vecino se llama Thelma Aldana Hernández, una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cargo del Ministerio Público, a quien el mismo presidente Pérez Molina nombró en mayo de 2014. Su mano derecha es Iván Velásquez, un colombiano director de la CICIG que junto con un grupo de investigadores extranjeros mantienen exhaustivas investigaciones.
Paralelamente a las indagaciones judiciales, decenas de miles de guatemaltecos se han volcado a las calles para exigir al presidente y a los políticos que renuncien de sus cargos por tanto escándalo de corrupción. El repudio popular ha sido similar al de muchos países en América Latina como Ecuador, Venezuela y Honduras, entre otros, donde los ciudadanos de todas las clases sociales se manifiestan en contra de los gobiernos corruptos (Ver en tercera entrega).
La presión de la población en las calles y lo acelerado que van los procesos judiciales en los tribunales y la Corte Constitucional contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina y su vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, hacen creer a muchos guatemaltecos entrevistados por El Diario de Hoy que ambos funcionarios no terminarán su periodo presidencial y muy probablemente irán a la cárcel.
Desde el 16 de abril pasado, cuando el Ministerio Público y la CICIG revelaron las primeras investigaciones donde supuestamente están involucrados altos funcionarios de su gobierno, al mandatario poco se le ve en actos públicos y raras veces da declaraciones a los periodistas.
Su última aparición en público fue el pasado 30 de junio, en las instalaciones del cuartel Mariscal Savala durante la conmemoración del Día del Ejército de Guatemala.
Otto Pérez permaneció en casi todo el acto con su semblante serio que caracteriza a todo militar.
Pérez Molina dijo que era su último discurso como comandante general del Ejército. Agradeció la lealtad de las Fuerzas Armadas, en un momento donde su gobierno enfrenta una crisis política por varios escándalos de corrupción.
“Gracias por ser garantes de la Paz y la Constitución. Agradezco las muestras de lealtad, no hacia mi persona, sino hacia la institucionalidad del presidente”, expresó el mandatario a todas las unidades y batallones de las Fuerzas Armadas.
La prensa en Guatemala parece que tiene acorralado al presidente Otto Pérez, durante una conferencia de prensa después del referido acto quedó demostrado. Sus asistentes de prensa permitieron sólo tres preguntas para más de 40 periodistas nacionales e internacionales que dieron cobertura al evento.
Las tres interrogantes se trataron para conocer la opinión del mandatario sobre los temas de corrupción que salpican a su gobierno y una nueva vinculación de su persona con un testaferro relacionado con la vicepresidenta Baldetti en la compra de lujosas residencias.
Los periodistas siguen en las búsqueda de Otto Pérez , más ahora que la Corte Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto los dos amparos que detenían seguir con un proceso de antejuicio contra el presidente.
Su vicepresidenta está en peores condiciones legales y su comparencia ante un juez para que explique la forma en que adquirió su fortuna sólo es cuestión de tiempo.
El 8 de junio pasado, Otto Pérez leyó una carta que Baldetti le envió al presidente anunciando la renunciar a su cargo.
“Me aparto del cargo como una muestra de mi voluntad para que se esclarezcan los hechos, para eliminar toda sospecha de mi presunta interferencia en el proceso de investigación y, sobre todo, me pongo a disposición de los órganos de justicia para que se me investigue”, señala el documento que fue entregado al Congreso para que evalúe su autenticidad.
Ambiente electoral entre repudio e incredulidad
Guatemala vive en un ambiente preelectoral. Para el 6 de septiembre están programadas las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. Hasta ahora, no hay nada que las detenga, ni la presión popular en las calles, ni los escándalos de corrupción.
En decenas de vallas publicitarias, paredes y televisoras del país, se leen las acostumbradas promesas de los políticos. Erradicar la pobreza, el combate a la corrupción, la generación de empleo y otras promesas.
Sin embargo, en las calles la realidad es otra. Una gran parte de guatemaltecos no cree en los políticos, no confía en ningún candidato que se ha postulado para ser el futuro presidente. Una de las reformas que pide el pueblo a la Ley Electoral está dejar un espacio en blanco en las papeletas para evidenciar en las urnas el rechazo a los políticos.
Las pocas encuestas que se han realizado y algunos analistas políticos dicen en las entrevistas de televisión que el próximo presidente de Guatemala será el candidato del Parido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, un empresario con mucho dinero, oriundo del Petén.
Baldizón tiene una campaña de publicidad muy fuerte en las televisoras. En la contienda pasada quedó en segundo lugar y es por eso que ahora su principal lema es: “Baldizón, ahora te toca a ti”. Empero, en las manifestaciones, decenas de guatemaltecos rechazan a Baldizón y le responden al candidato: “Baldizón, todavía no te toca”.
Las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público le dan la razón al pueblo para no confiar en el partido de Baldizón. La última investigación contra la corrupción es contra tres diputados del referido partido relacionados con la venta de plazas fantasma.
En audios y videos en poder de Ministerio Público y la CICIG, consta cómo los parlamentarios Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes piden al ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez, proyectos, plazas en ese ministerio; en un audio hablan de “desestabilizar y acabar el Gobierno”, según las publicaciones.
“Si gana Baldizón, ahí si nos iremos al infierno. Ese va terminar de llevarse lo poco que han dejado los de este gobierno”, comenta Julio Acevedo, un comerciante de 55 años. Acevedo hace esa afirmación después de vivir en la zona de la Isla Flores, Petén lugar donde también es originario el candidato.
Mientras llegan las elecciones del próximo 6 de septiembre, todos los días los guatemaltecos se despiertan con una investigación nueva. Investigaciones que descubren la pudrición que existe en el poder político en confabulación con funcionarios, empresarios y delincuentes.