Los empresarios de buses y autobuses que critican el desarrollo del nuevo sistema de transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador siguen viendo el calendario.
Tienen hasta mediados de agosto para adecuar sus unidades a las nuevas exigencias técnicas del Viceministerio de Transporte (VMT), los buseros siguen a la espera de que la Asamblea Legislativa otorgue una prórroga o se verán obligados a recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El grupo de empresarios aduce que los costos del sistema obligatorio de prepago y GPS aumentan los gastos del sector; mientras, las reformas al pago del subsidio permiten al gobierno no cubrirlo por completo.
Según Juan Pablo Álvarez, presidente de Rutas Unidas, el decreto que dio vida a las reformas presentó irregularidades desde el momento en que fue introducido con dispensa de trámite para su votación el 29 de abril pasado.
“Se tiene ya lista una demanda de inconstitucionalidad para ser presentada ante la CSJ y solo estábamos esperando el visto bueno de los agremiados para hacerlo”, afirmó Álvarez.
Ayer, 156 propietarios de concesiones de transporte público tomaron la decisión de acompañar a la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Rutas Unidas de El Salvador y la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP) e interponer el recurso.
A pesar de ello, Álvarez no dio a conocer la fecha exacta en la que se abocarían a la Corte Suprema de Justicia. “Primero esperaríamos a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa”, afirmó el presidente de Rutas Unidas, aunque se mostró consciente de que por el momento no tienen los votos suficientes para obtener una prórroga.
“No nos ponemos a que existan más controles o que se trata de ordenar el sector, pero no creemos que se tenga que hacer en detrimento de las finanzas de las empresas”, dijo Genaro Ramírez, presidente de AEAS.
Costos y subsidio exacto
Según Roberto Soriano, de ATP, la inversión en tecnología necesaria para cumplir con los nuevos requisitos alcanzarían $2.7 millones solo en el Área Metropolitana de San Salvador. “No es justo que los empresarios tenemos que pagar por los sistemas de control, algo que el gobierno asumió cuando focalizó en subsidio al gas propano”, resumió.
Según ellos, la obligatoriedad del sistema de prepago obliga al sector a la contratación de la empresa Subes, la única autorizada hasta el momento a ofrecer este servicio en el país.
“Subes cobra 10.5 % sobre los ingresos por administrar el prepago. Esto se resta de lo que se recibe de subsidio y al final éste no amortigua los costos de operación del servicio de transporte”, dijo Álvarez.
En un caso hipotético, si un autobús presta servicio a mil pasajeros, el empresario tendría un ingreso de $200. Además, por esa cantidad de pasajeros recibiría $40 del gobierno central, mientras que pagaría $21 a Subes por administrar el cobro electrónico.
“Al final quedan $19.00, que es el dinero que sirve para combustibles y repuestos”, dijo Álvarez.
El otro punto que les preocupa es que la reforma estipula que el pago del subsidio se dará por un máximo de 21 días cada mes. “¿Y los otros nueve o 10 días restantes del mes tendremos que pagar a Subes y amortizar el subsidio? Eso no es justo”, dijo Soriano.
Por ello, también analizaron la posibilidad de prestar el servicio sin cobrar el subsidio. “Así nos ahorraríamos ese gasto y perderíamos menos”, finalizó Genaro Ramírez.