Para diversos sectores que han analizado el caso Cel-Enel, es incongruente que un tribunal de San Salvador haya cumplido el Acuerdo Marco y exonerara de cargos civiles a los involucrados y otro juzgado capitalino se rehusara a aplicarlo.
En mayo pasado, el Juzgado 7° de Paz resolvió declarar extinta la responsabilidad civil para nueve implicados en el caso de CEL-Enel, a petición de la Fiscalía General de la República.
Los diez exfuncionarios de CEL y representantes de la empresa italiana fueron sobreseídos penalmente de forma definitiva al inicio del proceso judicial en 2013.
El arreglo firmado en diciembre también incluye a exfuncionarios de CEL que fueron procesados en el Juzgado 7° de Instrucción y para quienes el referido juez desconoció el Acuerdo Marco y resolvió enviarlos a juicio para que respondan por la responsabilidad económica.
En su fallo el Juez 7° de Instrucción hizo eco a la solicitado por el presidente de CEL, David Antonio López Villafuerte, quien rehusó que se extinguieran los cargos económicos a los nueve procesados, excepto, a Vicente Machado, por no ser funcionario de la autónoma, sino de la empresa italiana Enel.
López Villafuerte ha insistido en no liberar de responsabilidad civil a los involucrados, pese a que el funcionario participó en las negociaciones en las que se acordó lo anterior e incluso firmó finiquitos para la empresa italiana y los acusados.
Fusades sostiene que el que se haya firmado el Acuerdo Marco envió una señal positiva a la comunidad internacional y a los salvadoreños, porque se terminaba un “desgastante conflicto político resultado de la criminalización indebida que hizo el Gobierno de El Salvador a una política de los años 90, basada en la ley que tuvo como consecuencia acusar injustamente a exfuncionarios de Gobierno”.
Por su parte, la Universidad Centroamericana (UCA) ha señalado que “mantener el caso contra los antiguos directivos de la CEL no tiene fundamentación legal, no es ético, ni responde a los intereses del Estado. Es un caso político, y como tal debe ser revertido. Al igual que para superar la derrota judicial internacional se tuvo que comprar las acciones de ENEL. Acciones, por cierto, que si hubieran sido fruto de un delito, no las habría podido adquirir el Estado”.
En un comunicado, un grupo de ciudadanos manifestó que les preocupaba que en el caso CEL-Enel se haga uso del sistema judicial para “castigar e intimidar a los adversarios políticos del Gobierno de turno”.