Diputados incumplen plazo para elegir magistrados CSJ

Se escudan en las órdenes que giró la Sala de lo Constitucional al CNJ y a la Asamblea

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Los diputados de la subcomisión terminaron las entrevistas a los 30 candidatos a magistrados esta semana. foto edh / CORTES??A

Por Eugenia Velásquez politica@eldiariodehoy.com

2015-07-01 8:00:00

Los diputados de la subcomisión que entrevistaron a los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incumplieron el plazo que tenían para elegir a dichos funcionarios, pero ayer justificaron que no es su culpa, sino del mismo Órgano Judicial y de la falta de solvencias en los atestados de los aspirantes.

A partir de ayer, las Salas de lo Contencioso, de lo Penal y de lo Civil amanecieron incompletas ante la falta del nombramiento de algunos de sus magistrados propietarios que cumplieron con sus funciones el 30 de junio pasado.

Corte Plena se reunió ayer para definir quiénes suplirán a los exmagistrados y acordaron convocar a los siguientes magistrados suplentes: Ricardo Mena Guerra, Sergio Luis Rivera Márquez, Ricardo Suárez Fischnaler, Ricardo Iglesias y Juan Manuel Bolaños.

Cabe mencionar que Mena Guerra, Rivera Márquez y Bolaños participan actualmente como aspirantes a magistrados de la CSJ para el nuevo periodo.

Además, los magistrados suplentes no están atados a un magistrado propietario específico, sino que pueden suplir a cualquiera de los funcionarios propietarios.

Estos magistrados suplentes se integrarán hoy a la Corte Plena y allí se decidirá a qué Salas irán a sustituir los cargos que han quedado vacantes correspondientes al periodo 2006-2015, de Rosa María Fortín Huezo, en la Sala de lo Penal; Lolly Claros de Ayala, en la de lo Contencioso; Mario Valdivieso, de la Sala de lo Civil; Juan Manuel Bolaños, en la de lo Contencioso; Miguel Alberto Trejo, en la de lo Penal; y Roxana Núñez Franco, quien falleció en julio del año pasado. Ella se desempeñaba como magistrada de lo Sala de lo Contencioso.

Mientras tanto los legisladores de la subcomisión se reunieron ayer con el afán de lograr consenso para una propuesta que sería llevada a la Comisión Política este día.

De hecho, desde antes que venciera el plazo para elegir a los magistrados, los legisladores le solicitaron a sus colegas de la Comisión Política que les dieran de plazo hasta el 7 de julio próximo para presentarles las propuestas.

Pero según informaron los diputados Antonio Almendáriz, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC; y Ernesto Muyshondt, de ARENA, ayer no entraron a deliberar sobre quiénes podrían ser porque las solvencias de los candidatos no han sido completadas.

“Ahorita no hemos cruzado cartas entre los partidos, primero porque ni siquiera habíamos terminado de recibir documentación, hasta hoy (ayer) todavía estamos recibiendo solvencias, nos hemos sentido comprometidos por el tiempo, pero también comprendemos que las oficinas públicas tardan”, acotó Parker.

Según dijo, no sería prudente eliminar a candidatos que han mostrado capacidad y experiencia en las entrevistas realizadas y currículum presentados a la Asamblea sólo porque las instituciones responsables de informarles si están solventes o no se han atrasado en hacerlo, cuando tienen las “demás calificaciones para competir”, esgrimió.

Almendáriz abonó a lo anterior de que entidades como el ministerio de Hacienda y la propia Sección de Probidad de la CSJ no les han remitido la documentación pertinente, por ejemplo, en esta última las declaraciones de probidad.

“La idea es que todavía están subsanando algunos atestados por parte de los interesados, habían unos que les aparecían que tenían cuentas pendientes con Hacienda y nos están viniendo (ayer)”, manifestó Almendáriz.

Y en el caso de las declaraciones de probidad algunos candidatos que han sido o son jueces de Cámaras no las habían presentado, porque según se los hicieron ver algunos de los aspirantes, no era un requisito para ellos a menos que la CSJ se los exija.

“Unos nos mandaron que sí lo habían hecho y otros según vimos el artículo 5 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios que no les es exigible ese requisito a no ser que la Corte Suprema de Justicia se los exija, en esta caso no había exigencia por parte de la Corte, por lo tanto, no tenían que presentarlo”, afirmó.

Es más, Almendáriz ha hecho hincapié en que ellos no correrán para elegir a los magistrados pese a que el plazo ya venció, ya que pretenden escoger a los mejores funcionarios en el Órgano Judicial.

Resaltó que la subcomisión se ha esmerado en entrevistar a los 30 aspirantes en tiempo récord, tomando en consideración los atrasos que se dieron desde un principio.

Recordó que fue la Sala de lo Constitucional la que inició con el retraso al haber ordenado al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que eligiera de nuevo a sus quince candidatos.

Luego los 15 días en que los diputados electos por San Salvador no pudieron tomar posesión de sus cargos, a raíz también de una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional mientras se hacía el recuento de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“No por cumplir el tiempo, que porque le entregaron tarde los alimentos se entregarán las cosas mal hechas”, ejemplificó Almendáriz.

Parker indicó que nadie está desconocedor de que el plazo se venció, pero argumenta que en siete días hábiles pudieron realizar 30 entrevistas y que la Comisión Política los nombró de forma inmediata.

“A mí me resultaría muy simplista y no acorde a la realidad partir que el atraso es de la Asamblea Legislativa”, se defendió.

La finalidad de escoger a los mejores ha llevado a que cada uno de los diputados que integran la subcomisión evalúen o revisen de nuevo, además de los atestados y currículum, las entrevistas que les hicieron a cada uno de los 30 aspirantes, mismas que tardaron entre media hora a una hora cada una.

Según Almendáriz, las entrevistas son pieza clave en la escogitación de los mejores perfiles. En esto coincidió también Parker.

“Hasta este momento lo estamos haciendo bien y bien diferente, comenzando porque vieron la forma de las entrevistas (los periodistas), se le dijo (a los candidatos): allí hay ocho preguntas, usted puede tomarse el tiempo que crea prudente y oportuno y además repreguntamos”, esgrimió.

Al respecto, en días pasados el Secretario General del FMLN, Medardo González, ha manifestado que buscarán acuerdo para elegir a los magistrados y al Presidente de la CSJ con su principal opositor ARENA.

El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, afirmó el martes pasado que efectivamente la jefa de la bancada del FMLN, Norma Guevara, le expresó que deseaban tener una reunión bilateral, aunque no detalló fecha.

Sin embargo, Almendáriz rechaza que las propuestas salgan del consenso de solo dos partidos.

“No dijimos que cada partido presente su candidato y propuestas, las propuestas para nosotros son ellos mismos (candidatos)”, aseveró.

Parker, por su parte, considera que pudieron observar excelentes entrevistas y que a muchos de ellos les ha causado “impresión” y que ese tipo de comentarios es lo único que han intercambiado entre los legisladores que integran la subcomisión.

“Nosotros, comentarios de ese tipo hemos ido haciendo, cada quien nos hemos empoderado de qué cargos buscamos sustituir con base en las entrevistas (y) ya vamos más o menos, sobre las experticias lo vamos haciendo cada quien para después cruzarnos esa información, partiendo de las entrevistas”, acotó Parker.

Esto ante la pregunta de quiénes podrían ser los ungidos, lo mismo se le preguntó a Muyshondt, pero igual dijo que no desean revelar nombres para que los otros partidos no los veten con anterioridad.

Nombres de algunos favoritos han comenzado a surgir a nivel de rumores pero ninguno de ellos ha querido ser confirmado por los diputados de la subcomisión.

Denuncias en el TEG

Ayer fueron denunciados en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) dos de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema.

Ellos son: Lloly Claros y Juan Bolaños, quienes fueron denunciados por abogados de la Asociación de los Derechos Laborales de El Salvador.

Los demandantes dicen que los magistrados incumplieron el artículo 6 literal “i” de la ley del TEG por haber retrasado una resolución en la Sala de lo Contencioso Administrativo sin motivo legal. Se trata de una demanda interpuesta en 2010 y que fue resuelta hasta este año.