continúa en la PÁGINA 00 rLuego de la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia que liberó de cargos de forma definitiva a ocho acusados del caso CEL-Enel, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, confirmó que irá urgentemente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, para cerrar el juicio internacional abierto en torno del caso.
De esa manera, Martínez demostrará que El Salvador cumplió con el Acuerdo Marco que firmó con la empresa italiana Enel.
“Como Fiscalía firmamos, negociamos, fue un largo proceso y hemos dado cumplimiento a este compromiso de país. Hay que ir al Ciadi la próxima semana ponerle punto final al conflicto”, confirmó el titular del Ministerio Público.
En diciembre de 2014, Enel y el Estado salvadoreño llegaron a un arreglo y acabaron con largo litigio por el control de la explotación de la energía geotérmica.
El Acuerdo Marco que se firmó entonces estableció que 180 días después se tenía que revisar el cumplimiento de los pactos para cerrar definitivamente el caso en el Ciadi, una instancia del Banco Mundial. Esos 180 días se vencieron a principios de junio, por lo cual el Fiscal considera urgente ir a Washington a certificar el cumplimiento del acuerdo por parte del Estado salvadoreño.
“El caso ya se cerró. Somos respetuosos de las decisiones de los jueces. Este fue un proceso penal, no político porque todo lo que se desarrolló se acordó en el Ciadi”, explicó el titular del Ministerio Público.
Al respecto el exasesor de Enel, Francisco Bertrand Galindo, consideró que el ir al Ciadi es la última fase de un largo proceso y permitirá certificar la resolución del Tribunal salvadoreño Cuarto de Sentencia para concluir el arbitraje comercial que se mantenía en esta instancia del Banco Mundial.
“Es natural que se vaya al Ciadi porque se le dará un informe donde se explicará el cumplimiento de cada uno de los puntos. Pero prácticamente con este sobreseimiento definitivo queda cumplido el Acuerdo Marco entre las partes y no hay riesgo de que se pueda reiniciar el arbitraje”, consideró el abogado.
En las negociaciones con Enel Green Power participaron, además de Martínez, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, y el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado, además de representantes de la firma italiana en geotermia.
El abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador ante el Ciadi, anticipó hace varias semanas que el incumplimiento en el tema civil y penal tenía el Acuerdo Marco “en suspenso” e impedía que El Salvador solicitara la conclusión del arbitraje internacional en Washington.
“Siempre estuvo claro que el Estado salvadoreño representado por los titulares de la FGR, la CEL-INE, y el secretario jurídico de la Presidencia, se comprometieron a desistir de reclamar los daños civiles para desentrampar el conflicto”, indicó en aquella oportunidad.
Incluso en la audiencia de ayer, el fiscal pidió a los jueces que se exonerara la acción civil contra los acusados como una medida necesaria para cerrar el caso y demostrar ante el Ciadi que ningún aspecto del Acuerdo Marco estaba pendiente.
El proceso se abrió en el Ciadi en abril de 2014 por petición de Enel, en vista del proceso penal y civil que se abrió en El Salvador contra la firma, sus ejecutivos y funcionarios que firmaron el contrato con la empresa en 2002.
La semana anterior, el fiscal Luis Martínez explicó que pidió la audiencia especial de ayer porque era clave definir que el Estado salvadoreño se había comprometido a no hacer reclamos civiles o por daños y perjuicios, después de pagar $287.6 millones a Enel por sus acciones en la empresa LaGeo.
CEL quería mantener latente el reclamo civil pese al acuerdo, pero, según documentos oficiales, el presidente de CEL, David López Villafuerte, había firmado, tanto en representación de CEL como de su filial INE, dos finiquitos donde liberó de responsabilidad a Enel, sus subsidiarias y afiliadas, incluyendo ejecutivos, directores y funcionarios.
Además CEL, INE y LaGeo ya se habían comprometido (desde la firma del Acuerdo Marco) “a no hacer más reclamos por ningún hecho contra Enel, sus accionistas, directivos, representantes, mandatarios o funcionarios por hechos pasados, actuales o futuros” , dice el Acuerdo Marco.
Martínez no se quiso referir a estos finiquitos, pero consideró que con el caso ya cerrado no hay ningún tema pendiente.