La Unión fue la capital de El Salvador ayer, al menos así lo decretaron los diputados de la Asamblea Legislativa que llegaron a la cabecera del departamento para hacer la declaratoria y con ello celebrar los 150 años de fundación del departamento.
Sin embargo, y aunque la celebración era “del pueblo,” al acto sólo se permitió, por orden de la unidad de protocolo de la Asamblea, el ingreso de invitados especiales.
La actividad se realizó en el parque de La Familia, sitio al que según las palabras del alcalde unionense Ezequiel Milla, se debió permitir el acceso de los ciudadanos, primero, porque el parque es público y segundo, porque de La Unión son sus ciudadanos.
“El parque es del pueblo, no es un lugar privado y esas son mis condiciones para los diputados, además, ellos se deben al pueblo, no tienen por qué no permitirle la entrada a la población”, aseguró.
Efectivamente, por unos instantes, el ingreso al acto fue público, por orden del edil Milla, pero minutos después se impidió el acceso a quienes no tenían invitación por decisión de la Unidad de Protocolo de la Asamblea.
Salvador Ahués, síndico municipal, llegó a darle orden a un agente municipal que cerrará la puerta y no permitiera el acceso a personas que no fueron invitadas y confirmó que fue por decisión de Eduardo Cálix, de la Unidad de Protocolo de la Asamblea.
La información la confirmó el diputado Jorge Escobar, de ARENA, quien dijo que la decisión de no hacer público el acto, fue por medidas de seguridad que tomó Protocolo.
Milla, en su discurso, hizo varios reclamos a los parlamentarios en los temas del daño en la carretera Panamericana que une La Unión con San Miguel, los atrasos en la concesión del puerto de La Unión y el impuesto vial que pagan los pescadores artesanales al comprar combustible, pese a que no usan las vías del país para trabajar.
Lamentó que se tienen las tasas más altas en servicios portuarios comparado con el resto de puertos de Centroamérica y consideró que eso ahuyenta que la empresa atunera radicada en La Unión traiga barcos para darles el mantenimiento en el país.
“Debido a las tasas altas, a la atunera le es imposible traer unos 30 a 35 barcos al año para darles el mantenimiento respectivo y esto significaría una oportunidad de empleos directos de 40 a 45 personas por un lapso de treinta días”, señaló.
Referente al proceso judicial que se lleva en la carretera a La Unión y por el que no puede ser intervenida por el gobierno, el edil reclamó los 10 años de no solucionar el problema.
“Así como se arregló el problema del bulevar Diego de Holguín, cuestionada por más de 40 millones de dólares, así deberían resolver acá, aun así la intervinieron esa vía y el proceso sigue en su curso”, reclamó el alcalde.
Sobre el discurso del edil, Rafael Pérez, uno de los pocos habitantes de La Unión que no era invitado especial, pero que logró colarse durante el tiempo que la Asamblea permitió el acceso público, dijo que “La Unión no gana nada con haberle entregado ese cuadro, pero al menos el evento sirvió para que el alcalde les dijera su par de verdades sobre ese puerto que permanece cerrado sin funcionar desde hace años”.
Juana González, otra habitante, se refirió a los problemas que causó el cierre de calles del centro para la seguridad de los diputados. “Han cerrado cuatro tramos de calles solo por la visita de los diputados porque tienen temor a la inseguridad eso es injusto, si ellos andan con seguridad, hoy no se acordaron que fueron electos por el pueblo”.