Para el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Argüello, la temática electoral discutida en el evento organizado por FUSADES establece una ruta para el proceso de reformas electorales, encaminada a las elecciones legislativas y municipales de 2018.
“El papel del Tribunal debe ser sumamente activo y debe llevar de la mano de la Asamblea Legislativa el proceso y ya estamos trabajando en eso”, destacó Argüello.
Manifestó que tienen un equipo de trabajo enfocado en las lecciones aprendidas del pasado proceso electoral, que “se caracterizó por ser complejo”, por lo que buscan diseñar el camino para que no se repitan las anomalías.
En cuanto a la temática manejada en el evento, el magistrado señaló que las experiencias compartidas por los ponentes extranjeros destacan que vale la pena meditar el hecho de hacer reformas de última hora, previo a un evento electoral.
“No hay forma de sacar (adelante) un proceso electoral, si no se tienen las reglas claras y con un plazo suficiente para poder implementarlas”, según el magistrado.
Destacó que han encontrado disposición en la Asamblea Legislativa para buscar reformas electorales.
En cuanto a la implementación del voto electrónico, consideró que sería una alternativa viable; pero se debe desarrollar poco a poco con una visión de implementación dentro de una década.
La magistrada Guadalupe Medina consideró que es interesante conocer las experiencias de otros países en la región en materia electoral.
“Hay destacados expositores que nos están aportando sus experiencias y esto nos ayuda a tener insumos para poder plantear posibles reformas en materia electoral”, afirmó.
Medina destacó que se pueda ir en ruta del voto electrónico, aunque reconoce que debe ser de manera paulatina y aseguró que contar con un sistema biométrico (identificación automática de personas mediante la huella digital) ya sería un avance.
En cuanto al financiamiento electoral mencionó que en el país únicamente existe el pago de deuda política, que se da en periodo de campaña de elecciones.
“Pero los partidos políticos tienen el deber de enviar balances anuales, después del cierre fiscal” , aclaró Medina.
Para la magistrada es difícil que en el país se pueda echar a andar iniciativas como que el Estado destine un presupuesto anual para los partidos políticos.