Carlos Augusto Perla, expresidente de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), se presentó ayer en la mañana al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria, donde firmó su carta de libertad condicional.
Perla es convicto de los delitos de corrupción, negociaciones y asociaciones ilícitas, que cometió cuando era presidente de ANDA y por lo cual fue condenado a pasar 15 años en prisión.
El jueves anterior, Perla salió de la prisión de Apanteos, Santa Ana, después de que la Cámara Mixta de Vigilancia y de Tránsito ordenara su libertad, luego de que ese tribunal rechazara la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) al fallo del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria, emitido el pasado 11 de junio, que otorgaba la libertad condicional al convicto.
Además de firmar la carta de libertad, Perla también fue notificado de las condiciones de su libertad, entre las cuales está la de presentarse a firmar cada tres meses al Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA).
Además, tiene prohibido cambiar de domicilio y salir del país sin la debida autorización. Esas reglas deberá cumplirlas hasta el 28 de enero del 2019, fecha cuando cumplirá la totalidad de su condena.
Nueve meses pidiendo liberad condicional
El 8 de octubre de 2014, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria le negó la salida de la cárcel al convicto. En una primera audiencia, la defensa del exfuncionario había pedido la libertad condicional, porque su cliente padecía una serie de enfermedades que le habían complicado su salud.
Pese a que Perla había hecho la solicitud por razones médicas, el juez le denegó la petición.
En la segunda audiencia, el abogado Armando González pidió la libertad asistida, por haber cumplido con las dos terceras partes de la pena de los 15 años de prisión y, además, por su historial de buena conducta y carencia de faltas disciplinarias dentro del sistema penitenciario.
Sumado a lo anterior, Perla se había sometido a una serie de programas de reinserción y colaborado con las autoridades penitenciarias, como profesor de matemáticas y álgebra a otros internos, según su defensor.
Sin embargo, el dictamen del Consejo Criminológico de Occidente no le favoreció, porque lo declaró “no apto para resocializar”. En plena audiencia, los integrantes del Consejo modificaron el informe.