Diversos sectores piden que la Corte de Cuentas investigue tanto la transferencia de acciones de Cel a la INE, como los fondos públicos que maneja la empresa subsidiaria de la institución autónoma.
Uno de esos sectores es el académico. “Más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la Cel, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas”, señala la UCA en un editorial del 18 de junio.
También el abogado Francisco Bertrand Galindo apunta que es la Corte de Cuentas la indicada para hacerlo. Para él existe “suficiente” información pública que la entidad puede evaluar para sus indagaciones debido a la falta de auditorías.
Bertrand considera que es importante una investigación debido a la cantidad del dinero involucrado. “Al año la INE estaba recibiendo de LaGeo entre $50, $70 u $80 millones líquidos, entonces habría que ver qué hizo la INE con ese dinero”, asegura.
“La Corte de Cuentas es la que procede porque tiene atribución de investigar a cualquier ente que haya sido ‘fondeado’ con fondos del Estado y, en este caso, hay fondos del Estado, no los que la INE genera; pero el aporte que hizo la Cel, así como los aportes de las acciones de LaGeo son fondos del Estado”, opina.
Dice que “lo sabio y prudente” sería que también la Fiscalía investigue desde el punto de vista penal si hay un daño al patrimonio del Estado o no.
Con el abogado coincide la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, quien en una reciente entrevista televisiva señaló que INE no es auditada como una institución estatal. “Esta famosa INE es una sociedad anónima a la cual la Cel transfiere todas las utilidades de LaGeo, que vienen siendo del orden de 75 millones de dólares”, indicó.
Para la legisladora, esas “son irregularidades que deben corregirse. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando con todos estos fondos, así que yo lo que siento es que la corrupción debe investigarse de donde venga, y hay muchísimos casos todavía que falta por ver”, insistió.
Y Roberto Rubio, representante de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, opina que “si hasta el momento no ha habido esfuerzos para que la Corte de Cuentas haga eso es porque hay sectores interesados en que la Corte no llegue allí” y añadió que pueden estar dentro de la misma institución.
“Mi hipótesis es que en el fondo ese esquema de no supervisar a INE a lo que ayuda es a hacer un uso discrecional de los fondos… que pueden servir para otros propósitos desconocidos”, agrega.
“La INE puede bien facturar y manejar discrecionalmente alrededor de $100 millones al año”, dijo.