La empresa Inversiones Energéticas (INE), a la que CEL le traspasó sus acciones en la empresa LaGeo, sigue ser fiscalizada ni investigada por ese hecho ni por los ingresos millonarios que tiene, pese a que la misma Fiscalía General de la República ha determinado que ese traspaso “adolece de nulidad”.
INE se fundó como contraparte o socio privado de Enel cuando en 2002 arrancó la explotación de la geotermia en el país. De allí que, por ser “privada”, no sea auditada por la Corte de Cuentas pese a que se nutrió con las acciones de la CEL.
Quien mejor describe el papel de INE es la Universidad Centroamericana (UCA) en un reciente editorial:
“La negativa a que se diera el traslado de la mayoría de acciones a (la empresa italiana) ENEL tiene una motivación corrupta. Efectivamente, cuando el Gobierno se comprometió a traspasar acciones a la empresa italiana, a cambio de nuevas inversiones y tecnología, se fundó, casi simultáneamente, una empresa, Inversiones Energéticas, conocida como INE, que manejaba las acciones de LaGeo y por supuesto se quedaba con los dividendos que producían. El socio mayoritario de esta empresa era la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, más conocida como CEL. La constitución de INE dejaba en la práctica los dineros producidos por LaGeo en manos de la CEL y, a través de ella, en las del Gobierno de la República, todo sin control de la Corte de Cuentas.
“Ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de cien millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL”.
En las conclusiones que recoge el informe de la Fiscalía sobre el caso CEL-Enel, de noviembre de 2013, se establece que la autónoma no tenía facultad para transferir sus acciones a INE, “razón por la cual este acto adolece de nulidad”, argumentó la Fiscalía en ese documento.
El Fiscal General, Luis Martínez, ha dicho que el Ministerio Público continuará con sus propias indagaciones hasta esclarecer los hechos.
También abogados advierten que ese traslado de acciones de una entidad estatal a una privada puede llegar a tipificarse como delito de “peculado”, el cual tiene una pena de cárcel desde los 6 hasta los 15 años.
Sin embargo, como dice la UCA, ni esa forma de operar que detalla el editorial, ni el traslado de las acciones forman parte de algún expediente de investigación en las instituciones correspondientes.
La UCA cuestiona que “mientras se está juzgando a los que firmaron un contrato que era perfectamente legal en su momento (CEL-Enel), se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas…
“…El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de Arena. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas”, dice la UCA.
Podría haber “peculado”
El abogado Francisco Bertrand Galindo, ex asesor legal de Enel en El Salvador, opina que vale la pena investigar a INE, especialmente porque por el hecho de trasladar las acciones de la CEL a INE hace que esta empresa, jurídicamente, sea la accionista dueña de LaGeo y no CEL.
“Entonces, aquí tenemos un problema y es que la CEL transfiere bienes que estaban en su custodia a la custodia de un tercero, y la pregunta es en beneficio de quién, porque si fue en beneficio de la misma CEL puede que no haya mayor problema; pero si derivado de ese traslado otras personas han tenido beneficio de las utilidades de LaGeo y no la CEL, sino otras personas, ese hecho mezclado con el traslado de las acciones sí puede llegar a configurar una acción delictiva”, afirma el abogado.
El jurista detalla que esa figura jurídica podría encajar en la que se conoce como “peculado”, es decir, el desvío de recursos del Estado a particulares.
“Se estaría configurando algo similar al peculado porque las acciones que estaban en cuidado de CEL fueron transferidas a otra persona jurídica, y si eso generó beneficio a otras personas que no es la CEL, entonces allí pudiera llegar a configurarse el peculado”, consideró, aunque enfatizó que hay que estudiar muy bien el caso.
Por ello es que señala que las autoridades deben investigar a fondo si hubo algo irregular o no y determinar si la transferencia de las acciones fue ilegal o no.
Bertrand Galindo apunta que “por alguna razón la Corte de Cuentas no está haciendo las auditorías que le corresponde hacer. Ese tipo de sociedades deberían ser debidamente certificadas de acuerdo al manejo de los fondos públicos”.
También el representante de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador, Roberto Rubio, opina que la INE es “básicamente pública porque los fondos que maneja son públicos, y porque una mínima parte es privada, (aunque) se maneja como que fuera una empresa privada”.
Rubio dijo que se desnaturalizaron los propósitos ya que esos fondos públicos se manejen al margen de la Corte de Cuentas, “precisamente para tener discrecionalidad en el uso de esos fondos”.
El representante de Transparencia Internacional señaló que hay un cuerpo de ley que dice que la Corte de Cuentas está obligada a auditar todo fondo público, no solo las instituciones públicas.
“Es decir, que si la INE tiene un porcentaje mayoritariamente público de sus acciones, la Corte de Cuentas debería auditar esos fondos públicos”, insistió Rubio.
La Asamblea no quiso investigar
La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad el año pasado de poner bajo la lupa el caso de INE, pero rehusó hacerlo.
En agosto de 2014, los diputados cerraron la comisión que investigaría varios contratos firmados por la CEL y en ese marco investigarían el traspaso de las acciones de la CELl a INE, valoradas en $186.8 millones en 2006, el presidente de la autónoma era Nicolás Salume, quien fue ratificado por el expresidente Mauricio Funes en 2009.
En aquel momento, diputados de ARENA criticaron que LaGeo e INE se negaran a brindar información sobre los fondos públicos manejados por la empresa que no eran sujetos a ninguna fiscalización.
Legisladores areneros destacaron en esa oportunidad que Julio Valdivieso, siendo director de LaGeo, mencionó que sólo en 2012 fueron $110 millones que se obtuvieron de utilidades. Sin embargo, desde entonces no se sabe cuánto recibe INE, afirmaron.
La Asamblea Legislativa dio por cerrada la comisión que investigaría también los contratos de la CEL, entre ellos el pago que terminó haciendo la CEL en el gobierno del expresidente Funes de $108.5 millones por el hoyo de El Chaparral y la adjudicación de obras en la 5 de Noviembre.
“Qué fácil se abrió una comisión para que se investigara Cel-Enel y para que se investigara a los funcionarios de ARENA; pero en el momento que se llegó a que se debía continuar y abrir nada menos lo que yo llamo la caja negra de Cel, ver un poco la INE, ver esa sociedad anónima donde se transfieren todas las utilidades de LaGeo, en ese momento la comisión de la Asamblea Legislativa se cierra y el FMLN no tiene ya ningún interés en continuar”, afirmó la diputada arenera, Ana Vilma de Escobar, el pasado 22 de julio durante la entrevista de TCS, Frente a Frente.