Catorce militares, entre ellos tres subtenientes están bajo arresto en un cuartel a la espera de ser procesados por el delito de sedición en un Tribunal Militar de Instrucción, afirmó ayer el ministro de Defensa, David Munguía Payés.
Siete militares que estaban de servicio y armados protestaron el viernes anterior en San Salvador para exigir un bono de 600 dólares similar al que el Gobierno entregaría a cada uno de los policías.
“Los miembros de la institución involucrados en tan desafortunado hecho se encuentran detenidos y están siendo sometidos al respectivo proceso legal por el supuesto cometimiento del delito de sedición en tiempo de paz”, afirmó el ministro.
Agregó que de acuerdo con el Código de Justicia Militar en su artículo 88, ordinal 2 establece “que comete sedición los militares que en número de cuatro o más hagan declaraciones o peticiones colectivas en voz y cuerpo y con las armas en la mano, aunque no promuevan tumultos o en otras formas que no se ajusten a las normas establecidas por la Ley y reglamento militar”.
Según la Ley militar por este delito se impone una pena de cinco a 10 años de prisión para los jefes y de uno a tres años para los ejecutores.
Paralelo a la posición oficial de la Fuerza Armada por el acto de insubordinación, ayer por la mañana se suspendió una protesta de al menos mil soldados, según familiares, por lo que ellos consideran es una injusticia, al no recibir el mismo trato que la Policía Nacional Civil, para quienes el Gobierno incentivo con un bono de 600 dólares .
Algunos familiares llegaron a la estación del Sitramss para replicar los sentimientos de sus parientes militares, dijeron que reciben 220 dólares mensuales de sueldo, lo cual no cubre las necesidades de sus familias.
El ministro aseveró que los 13 millones que el presidente Salvador Sánchez Cerén prometió a la Fuerza Armada son para reponer el equipo y el material deteriorado que requieren los seis mil 300 soldados que apoyan a la Policía en tareas de seguridad pública.
Aseguró que con esos fondos podrán renovar el contrato de servicio de los militares para continuar apoyando a la PNC.
Además para adquirir más vehículos y así reforzaran el transporte de los militares.
Subrayó que los inconformes debieron hacer llegar sus reclamos por el conducto establecido a través del mando inmediato superior y no como lo hicieron.
Dijo que los militares arrestados se les trata sin violentarles sus derechos, reciben los insumos para su aseo personal y la alimentación que la tropa recibe, todo bajo la supervisión de la Procuraduría de Derechos Humanos.