La organización de la sociedad civil Aliados por la Democracia exigió ayer a la Asamblea Legislativa que designe a los cinco candidatos más idóneos y con independencia política como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de lo contrario se reservan el derecho de acudir a la Sala de lo Constitucional para pedir que la elección se declare inconstitucional.
El expresidente de la CSJ y miembro de Aliados, Domingo Méndez, sostuvo que la organización está pidiendo a los legisladores que tomen en cuenta cinco criterios para el nombramiento: moralidad notoria, competencia notoria, independencia política y que hayan realizado “alguna investigación de reconocida utilidad a la comunidad jurídica”.
“Tenemos que poner una vigilancia extrema para que estos requisitos se cumplan al pie de la letra, porque, de lo contrario, si no llenan los requisitos que establece la Constitución, vamos a acudir a la Sala (Constitucional) para que declare la inconstitucionalidad de los magistrados, como lo hemos estado haciendo en los últimos meses para vigilar el cumplimiento de la Constitución y el fortalecimiento de la democracia”, señaló Méndez.
El abogado aseguró que en el pasado las elecciones de los magistrados de la CSJ se han hecho con base a cuotas partidarias, por lo que se debe garantizar que los elegidos tengan las credenciales profesionales y éticas para poder asumir en los cargos.
“En el pasado la elección de los candidatos a magistrados se han hecho con base en cuoteo, siempre se ha hecho dos un partido, dos el otro y uno por el tercer partido interesado en esas elecciones de segundo grado. Es decir, no han tomado en cuenta estos requisitos en forma estricta para poder tener un candidato a la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
La Asamblea Legislativa deberá elegir a cinco magistrados de un listado de 30 aspirantes, para ocupar dos magistraturas en la Sala de lo Civil y tres en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Para ello se ha formado una subcomisión que entrevistará a los postulantes y revisará sus perfiles y atestados.
Pero, a juicio del director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, no basta con solo revisar la documentación de cada candidato.
“Lo importante es que la Asamblea Legislativa tiene que seguir al pie de la letra la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y es importante que se realice un examen de idoneidad de los cinco candidatos que se van a convertir en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un examen que no es una mera acumulación de atestados y certificaciones, sino que tiene que acreditar por qué esa persona es idónea, por qué tiene el mérito y por qué es intachable para llegar a la Corte”, acotó.
Por otra parte, el miembro de Aliados sostuvo que la elección debe ser transparente. “La motivación que tiene que existir es clave en esta elección que se va a realizar, y por ello es importante que la elección se haga con los máximos niveles de transparencia. Es importante que no vaya a existir un reparto político partidario”, consideró.
En tanto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez, se sumó a las voces que piden elegir a perfiles adecuados para asumir los cargos de magistrados en la CSJ.
“Lo que estamos pidiendo es que se nombren magistrados que estén comprometidos con el estado de derecho, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, que no estén comprometidos con partidos políticos y que sus antecedentes demuestren que tiene la integridad”, manifestó Jiménez.
Piden respeto a Sala
Los integrantes de Aliados para la Democracia también rechazaron los ataques a la Sala de lo Constitucional que han hecho en reiteradas ocasiones el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el partido de gobierno.
“Rechazamos los ataques contra la Sala de lo Constitucional por parte del Presidente de la República, ministros y otros funcionarios públicos, como consecuencia de las últimas sentencias emitidas”, señalaron.
De acuerdo con la organización, el presidente y los críticos de la Sala “deben entender que todos los ciudadanos tenemos derecho a recurrir a la justicia constitucional cuando entidades como la Asamblea Legislativa transgreden la Constitución”.