Los abogados de l expresidente Francisco Flores aseguraron ayer que el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador se ha parcializado con la parte acusadora y ha adelantado criterio en la resolución que emitió el viernes anterior al indicar lo que deben hacer contra el expresidente Francisco Flores.
El juzgador manifestó que luego de realizar el respectivo análisis de los dictámenes de acusación de la Fiscalía, estos denotaban “carencia de ciertos requisitos que tendrán que subsanar (resolver) en el término de tres días hábiles a partir de ayer lunes”.
Afirmó que los querellantes (acusadores particulares) no han fundamentado el nuevo delito (lavado de dinero) que le imputan al expresidente Flores.
El fiscal general, Luis Martínez interpretó las observaciones del juez 7° de Instrucción como adelantar criterio del caso.
Cuando se le preguntó sobre cuáles podrían ser esas deficiencias de la Fiscalía, Martínez dijo que “habría que preguntárselas al juez”.
No es de extrañar la posición del Fiscal General respecto a las recomendaciones del juez, pues en el proceso ha quedado de manifiesto sus diferencias en la interpretación de las leyes. “Lo que hemos hecho son algunos señalamientos a posibles irregularidades que está cometiendo y eso no es ninguna amenaza como lo han dicho”, reiteró el fiscal general.
De acuerdo con el defensor Edgar Morales Joya, el juez Miguel Ángel García Argüello ha advertido a los fiscales y abogados querellantes los errores descubiertos en la formulación del dictamen de acusación, en la etapa previa a la audiencia preliminar o diligencia antes del juicio.
En el escrito dijo, el juez García previene a la Fiscalía y la querella, que aclaren sobre varios aspectos relacionados a elementos de prueba que no se encuentran agregados , que establezcan que pretenden probar con algunas pruebas presentadas y que aclaren a que documentos se refieren ciertos literales de documentos.
Morales Joya dijo que el juez García Argüello no solo ha señalado las fallas del dictamen, sino que ha recomendado la fórmula para superarlas en un plazo de tres días hábiles.
A la Fiscalía le pide que especifique que pretende probar con cada una de las asistencias internacionales realizadas, debido a que no todas se refieren a los mismos puntos respecto de los cuales se solicitó la asistencia.
En esas circunstancias, estima el abogado que, como defensores, los ha dejado en clara desventaja frente a los acusadores y ha violado el derecho de defensa que tiene su cliente, el exmandatario Francisco Flores, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
Sin embargo, en la resolución el juez dice ser garante de la legalidad , igualdad y derecho de audiencia; y en aras de no vulnerar los derechos y garantías del procesado.
Para el abogado, las acotaciones del juez Séptimo de Instrucción, debió haberlas hecho en la audiencia preliminar y no antes, para que la defensa y los acusadores rebatiera en igualdad de condiciones sus argumentaciones.
Pero el juez insiste que las observaciones y recomendaciones que hizo a la Fiscalía y querella es para que la defensa técnica del procesado pueda realizar un análisis de las imputaciones realizadas y las pruebas que hay contra él, para que sus abogados hagan uso de las facultades que la ley les confiere.
No obstante, Morales Joya es del criterio que el juez les ha negado poder analizar, discutir y revertir los hechos, argumentos y pruebas contra su defendido en la audiencia.
“Eso quiere decir que el juez Séptimo de Instrucción ya no es imparcial en el proceso, ha tomando posición e implica que está atentando contra la presunción de inocencia del procesado”, afirmó Morales Joya.
Puntualizó que el dictamen de acusación para que en tres días lo resuelva y de esa manera, reunir las condiciones legales para enviar a juicio al expresidente Flores.
A juicio del defensor no hay nada en el Código Penal que faculte al operador de justicia anticipar a la Fiscalía y querella sobre la condición en que se encuentran sus escrito. “El juez les dice a los fiscales y querellante miren, arreglen sus acusaciones porque no están fundamentadas, ustedes no me aclaran esto, ni me han dado direcciones donde es posible ubicar a los testigos o pueden ser citados, entre otros”.
Todo lo que ocurriría en una audiencia normal, “el juez ya lo hace previamente de mutuo acuerdo, y la inquietud es, qué podemos hacer los defensores en este proceso, simplemente, nada”, afirmó Morales Joya.
En una audiencia con la presencia de las partes involucradas es normal que en las partes aleguen falta de argumentación, fundamentación y pruebas frente a una acusación, de donde el juez extrae su resolución.
Sin embargo, en este caso, el juez no está cumpliendo con el principio procesal de igualdad de las partes y al contrario está tomando una posición a favor de los acusadores.
“Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación pero es muy difícil de superarlo, sino casi imposible, si él (juez) ya les dijo: estos testigos no me han dicho para que los ofrecen, obviamente los fiscales y la querella luego van a decir para que los quieren y cierran toda posibilidad de defensa en la audiencia”, dijo.
La actitud del juez Séptimo de Instrucción, según Morales Joya, nunca ha sido vista en los procesos judiciales del país, pues la ley no lo faculta para adelantar una posición.
“El juez ha adelantado criterio y ha demostrado que tiene una intención directa que este caso pase a la siguiente etapa (juicio), violentando la igualdad jurídica y violentando el derecho de defensa”, subrayó.
Por su parte, la abogada Yanira Ticas afirmó que el juez no puede alegar total imparcialidad como debe ser.
El punto es que la defensa argumenta y se vale de situaciones de aquellos casos y circunstancias en que la parte acusadora puede tener deficiencia o no haya dado cumplimiento a la ley.
Todo eso ya estaba presupuestado por la defensa para rebatirla en la audiencia preliminar, dijo Ticas.
Pero el juez revisa la acusación que le presenta la Fiscalía y la querella y les dice: han cometido este y otro error, no han presentado estos documentos, ni establecido lo que pretenden probar con las pruebas ofrecidas.
El caso ha llegado al extremo que ha corregido a los fiscales y querellantes, el lugar donde se encuentra la documentación con la que prueban los hechos.
“Por decir algo, los fiscales le indican que los hechos se encuentran en cierto lugar, pero al buscarlos no están ahí, sin embargo, el juez les indica el número de pieza y folio donde está.
“Con esto el juez ha hecho una recomposición del proceso con el cual, le cierra el espacio a la defensa, de poder ser argumentar en la audiencia preliminar, algo que el juez no puede ser”.
Lo puede hacer únicamente evaluándolos en su interior para que al momento de la audiencia esté preparado de esperar que las partes corrijan esos vicios y, si no lo hacen, el juez no puede indicarles qué es lo que deben hacer y de qué manera hacerlo.
En el caso de un perito que han ofrecido para probar el delito de peculado, el juez le indica a los acusadores “le advierto o le aclaro que el perito no se llamaba así, su nombre es este, es una prueba que debe ir lo más detallada y específica posible”.
“El juez está proponiendo sin haber escuchado los alegatos de la defensa y sin haber dado la oportunidad de defender a los clientes, cuyo derecho le corresponde, él ya se está preparando para una vista pública y está preparando todo el proceso, de tal manera que haya habido ningún espacio aprovechado para la defensa para solicitarlo y dictar un sobreseimiento.