Mientras 87 familias que residen en la Finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, se preparaban para abandonar el inmueble por orden del juzgado de Paz del mismo municipio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo que presentaron 18 afectados y ordenó la suspensión del desalojo.
El desalojo se llevaría a cabo el pasado 3 de junio, pero ante la poca disponibilidad de la PNC para apoyar al juez, José Antonio Palma, se reprogramó para que se efectuara ayer.
Sin embargo, en ese proceso estaba el juez de Paz, cuando fue notificado por la Corte Suprema de Justicia para que lo suspendiera.
Según consta en la resolución de la Sala de lo Constitucional, 18 residentes en la finca interpusieron un recurso de amparo alegando que se les había violado su derecho de audiencia y legítima defensa durante el proceso judicial que se llevó a cabo en el juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán.
Los demandantes expusieron que dentro de dicho proceso se emitió una sentencia en la cual se les declaraba invasores; sin embargo, a pesar de residir en dicho lugar, no fueron demandados en el referido proceso y nunca tuvieron posibilidad de participar en el mismo, ni de ser escuchados.
Alegaron que si “se quiere desalojar a una comunidad en un lugar determinado, se debe hacer mención e individualizar a cada uno de ellos para efectos de que comparezcan a juicio o diligencias ha oponer su defensa o demostrar mejor derecho que el solicitante (sic), circunstancia que no ha sucedido en el presente caso, porque no ha singularizado a cada uno de los habitantes, sino que el señor Juez ha generalizado la supuesta orden de desalojo, desconociendo [los pobladores] de esas diligencias de desalojo y por qué se [les] quiere hacer retirar de [sus] hogares (sic)”.
En la resolución emitida por los magistrados de la Corte, en la que señalan que la demanda de amparo cumple con los requisitos de admisión, entre otras cosas resolvió que se “suspenda y provisionalmente los efectos de la omisión reclamada, lo que implica que el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán deberá abstenerse de efectuar el desalojo de las familias que habitan en el caserío El Espino, cantón El Espino”.
Al conocer de la resolución de la CSJ de suspender el desalojo, el juez, José Antonio Palma aclaró que le daría cumplimiento así como se lo ordenó la máxima instancia.
Sin embargo, Palma consideró que la suspensión del desalojo “es un mal mensaje en cuanto a la tutela de los derechos de los propietarios. Es un mal mensaje en cuanto a que sus derechos le serán respetados”, insistió.
Incluso, en la sentencia que emitió el juez Palma para que las familias abandonaran la propiedad privada, estableció que el Estado incumplió en sus obligaciones hacia las familias que habitan ese inmueble, aseguró.
“Quien debe responder (con las familias que están en el terreno) es el Estado, no así los propietarios porque no pueden heredar los compromisos adquiridos por el Estado”, explicó el juzgador.
Palma reiteró que el Estado también incumplió la obligación de reubicar a las familias en otros lugares antes de hacer la permuta, o intercambio de terrenos, que hicieron con los actuales propietarios.
Por su parte el abogado de los propietarios del inmueble, Arístides Perla, sostuvo que no quedaba más que respetar la orden de la Sala de lo Constitucional.
Expuso que ese fue el segundo amparo que pusieron los ocupantes, en donde dijo, que el primero fue improcedente.
“Ese mismo camino va a seguir en este caso, es que no es cuestión de tiempo, el problema aquí no es la Sala; el problema aquí no son los señores Dueñas, el problema aquí no es ni el juzgado; el problema aquí es que el Gobierno y la cooperativa El Espino le tiene que dar respuesta a estas familias, eso está en los convenios, así que esa es la posición”, explicó Perla.
Según explicó el juez Palma, una vez admitida la demanda la Sala de lo Constitucional tendrá que dar una resolución para determinar si a los ocupantes del inmueble se le vulneraron sus derechos.
Mientras eso suceda, las familias que residan en la finca El Espino permanecerán el tiempo que se tarde la Sala en resolver, que pueden ser seis meses más, o menos.
No al albergue
Mientras tanto, varias familias habían desocupado sus viviendas en días anteriores al desalojo oficial y otras esperaban la orden definitiva del juez.
Durante tempranas horas de la mañana, antes de que llegara la orden de la CSJ, los demandados estuvieron en reuniones con representantes de la Procuraduría General de la República, con el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde; y Marta Lorena Araujo, gobernadora de La Libertad, para llevarlos al albergue de la Villa Olímpica, ubicada del municipio de Mejicanos; pero los habitantes se negaron a trasladarse por temor a las pandillas que habitan la zona, ya que mencionaron que los jóvenes y niños de sus familias corren peligro.
Argumentaron que no tenía cómo transportar a sus hijos que estudian en el Centro Escolar Cantón El Espino, del mismo municipio.
Ante eso, el director de la PNC dijo que les proporcionarían protección y transporte para que los niños y jóvenes pudieran asistir a las clases en el centro escolar del cantón El Espino.
Vicente Carranza, representante de Caritas de El Salvador dijo que, mientras se daban las reuniones, las pertenencias de las familias serían trasladadas a una bodega del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicada en Soyapango, mientras las personas serían trasladadas al albergue, algo que no aceptaron los afectados.
La gobernadora de La Libertad, dijo que el albergue de la Villa Olímpica está destinada para recibir a más 200 personas y prestarles las condiciones necesarias, pero los residentes indicaron que no se retiran del lugar hasta que se les lleve a casas permanentes.