¿De dónde se obtuvo el dinero para comprar los 37 buses del Sitramss?, ¿quién les prestó los cerca de un millón y medio de dólares para ejecutar el plan piloto del Sitramss con pasaje gratis?, ¿cómo acordaron formar una sociedad con Subes S.A. de C.V.?
Son algunas de las preguntas que todavía no le ha podido hacer Juan Pablo Álvarez, accionista de Sipago, a los directivos de dicha sociedad.
El motivo es que la empresa Sipago, formada por un grupo de buseros que también es parte de la Mesa Nacional de Transporte, no realizó la asamblea ordinaria de accionistas, pese a que en abril Sipago informó que la haría.
El documento, con fecha 27 de abril, enviada por Sipago a Juan Pablo Álvarez, decía que ya estaban en los preparativos de la asamblea general. Además, lo invitaban a tener una reunión bilateral para hablar de varios temas.
“Me ha manifestado (Miguel Castañeda, presidente de Sipago) que no va a hacer la junta”, dijo Álvarez que fue la respuesta que recibió semanas después de haberles solicitado una rendición de cuentas a la sociedad, el pasado 20 de mayo. “Él está violando la ley con esto”, afirmó.
Álvarez mencionó que de acuerdo con el artículo 232 del Código de Comercio, si después de dos años no realiza una junta ordinaria, el dueño de una acción puede obligarlos a realizarla.
De lo contrario, Álvarez estimó que el accionista puede recurrir a un Juez de Comercio para obligarlos.
“En ese trámite estamos ahorita. A ese nivel hemos llegado, de exigirle a un juez que hagan la junta, en vista de que no quieren dar informe de nada”, explicó el accionista, quien, además, es representante legal de Rutas Unidas Salvadoreñas.
El artículo 231 del Código de Comercio reza: “Si los administradores rehusaren hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro de los quince días siguientes a aquél en que hayan recibido la solicitud, la convocatoria será hecha por el Juez de Comercio, del domicilio de la sociedad a solicitud de los accionistas interesados”.
El 13 de mayo, Rodrigo Contreras, miembro de Sipago, expresó que estaban en los “preparativos” para realizar una asamblea general. “Nos da un espacio el Código (de Comercio), entonces vamos a hacer una asamblea y le vamos a presentar los balances a la fecha, dentro de unos 22 días. Estamos preparando todo”, argumentó en ese entonces Contreras.
Álvarez, quien explicó que tiene 10 acciones en dicha sociedad, aseguró que han iniciado el proceso legal, debido a la renuencia de la directiva y asegura que Sipago sigue en quiebra.
“Hasta donde yo tengo entendido, en la última junta de accionistas, en donde me dieron una memoria de labores aparecía un balance con una pérdida superior de 262 mil dólares. Quebrados. El capital social es de 2 mil dólares. O sea tiene más de 200 veces de pérdida sobre el capital”, expresó Álvarez.
En 2013, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa Sipago.
Según Ramírez, la demanda era por el delito de estafa agravada. Se basaba en que dicha empresa no ha registrado los balances financieros de 2011 y 2012.
Ayer, Ramírez aseguró que la Sala “desestimó” la demanda, pese a las irregularidades en la constitución de la misma.
El miércoles en la entrevista televisiva Frente a Frente, las gremiales AEAS, ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas insistieron en que el Sitramss es ilegal. También acusaron al Viceministerio de Transporte (VMT) de promover un monopolio del servicio, ya que el negocio del cobro electrónico se los están otorgando a la empresa Subes, y para ser parte del programa de modernización de transporte deben ser parte de Sipago, denunciaron.