El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) sigue con la venta de sus inmuebles para poder enfrentar la crítica situación financiera por la que atraviesa, en un proceso que ha sido cuestionado por tres militares en situación de retiro al señalar que existe una serie de irregularidades en la venta de los bienes de la referida institución previsora de los militares.
El IPSFA ha sacado a la venta no menos de 22 propiedades en distintos lugares del país. Entre los inmuebles en venta están tres bodegas con extensiones desde 7,240 hasta 8,811 varas cuadradas, cinco fincas, tres centros recreativos con extensiones de 330 a 1,249 metros cuadrados y 11 lotes de distinto tamaño. Los bienes que están a la venta se encuentran en Santa Ana, La Libertad, Cuscatlán, y San Salvador, entre otros, según anuncios clasificados publicados.
Además, a los militares denunciantes les preocupa que la venta de esos inmuebles pueda ser una señal de que el IPSFA vaya camino a la bancarrota, lo cual ha sido desmentido por el ministro de Defensa David Munguía Payés.
Aseguró que se estudia con el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada Salvador Sánchez Cerén, un plan de rescate de la referida institución, cuyos detalles no fueron revelados porque aún se encuentra en estudio.
Sin embargo, el general retirado y diputado por ARENA Mauricio Vargas aseguró que se escuchan “múrmuras” (voz propia de la conversación popular para referirse a rumores) dentro de la institución castrense de que existen personas ajenas al IPSFA, pero familiares de sus administradores que trabajan como corredores de bienes y raíces que son los que se encargan de promover las ventas para obtener jugosas comisiones por estas.
Agregó que las denuncias que se escuchan son que estas personas obtienen grandes comisiones por la venta de los terrenos. “Las explicaciones no son satisfactorias de que los corredores de bienes son parientes, amigos o cheros de la misma administración y que sus modos de vida han cambiado sustantivamente desde su llegada y permanencia a la misma, pero que no dan explicaciones al respecto”, dijo Vargas, quien como pensionado demandó que se haga una auditoría independiente de las operaciones realizadas, pero “que se transparente en el menor tiempo posible para la credibilidad de la misma institución y para la honorabilidad y el buen nombre de las personas que están administrando”.
Similar denuncia hizo el coronel retirado y exdiputado César Reyes Dheming, al asegurar que también se tiene que investigar las ventas de terrenos y propiedades del IPSFA, pero supuestamente a precios menores que los que realmente se encuentran en el mercado de bienes raíces.
Recordó el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, quien habría adquirido varios terrenos en Huizúcar a precios preferenciales junto a su exasesor legislativo, Byron Larrazábal, por medio de la empresa Terrein, S.A. de C.V.
“No es posible que a un teniente o un capitán le vendan una vara cuadrada a 100 dólares y a otros exfuncionarios le hallan vendido a 44 dólares la vara cuadrada de un lote”, reclamó Reyes. Agregó que “el problema no es la venta de los bienes, sino que los vendan a precios más bajos que en el mercado solo por amiguismos”, dijo Reyes Dheming.
A la denuncia del exdiputado arenero, se le sumó el cuestionamiento del diputado Vargas, al señalar que “se habla en un momento determinado de ventas en proyectos que han recibido descuentos, pero que se han hecho a personas naturales en función de amiguismos o de cherocracia en un momento determinado”.
Agregó que “debe de entenderse que la discrecionalidad de los funcionarios no puede llegar más allá de los intereses de los pensionados”, en alusión a que la institución no puede favorecer a ciertas personas a costa de las pérdidas de la institución.
Pero Vargas aclaró que “los señalamientos o el análisis que hacemos no representa en ningún momento señalamientos a personas naturales, es a los procedimientos, es al problema de la oscuridad y a la poca transparencia con que se han manejado estas cosas”.
Otro militar retirado y ahora diputado por el partido de Concertación Nacional (PCN) José Almendáriz sostuvo que ante las denuncias de las supuestas irregularidades en la venta de los terrenos del IPSFA se hace necesario que se abra una investigación para verificar si son ciertas o desvirtuarlas.
Sin embargo, dijo desconocer si hay parientes de funcionarios de la referida institución o del Ministerio de Defensa que trabajan como corredores de bienes raíces que se supone aprovechan las ventas de los bienes para ganar jugosas comisiones.
Otras de las supuestas anomalías que han sido denunciadas por militares pensionados son las contrataciones de familiares o amigos de los administradores del instituto y funcionarios del Ministerio de Defensa con altos salarios, remodelaciones de las oficinas de los ejecutivos, uso de los recursos del IPSFA para asuntos personales, y personal pensionado que devenga un segundo sueldo, entre otras supuestas anomalías.
El diputado Almendáriz explicó que hará todo lo posible porque el proyecto de la nueva Ley del IPSFA pueda ser estudiado y aprobado en el menor tiempo posible para “garantizar la seguridad económica y el futuro de los pensionados militares”.
Ministro asegura que no hay irregularidades
Ante los cuestionamientos de los militares denunciantes de las supuestas irregularidades en el IPSFA, el ministro de Defensa David Munguía Payés desmintió que existan anomalías en el manejo de las ventas de los inmuebles de la institución.
“Hay muchas especulaciones alrededor del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, pero la realidad es que no hay irregularidades que nosotros hayamos detectado en este momento”, dijo Munguía Payés, quien reconoció que existe “un problema financiero en este momento el cual ha implicado la necesidad de disponer de algunos activos para completar el pago de las pensiones, porque este problema financiero nos está dando dificultades para pagarle las pensiones al personal retirado”.
Confirmó además de que en la referida institución “laboran muchos familiares de miembros de la Fuerza Armada, eso ha sido durante mucho tiempo, algunas de estas personas están encargadas de promover las ventas de terrenos, pero forman parte del staff de trabajo (empleados) del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada”.
Agregó que “hemos desarrollado inspecciones, ha estado la Corte de Cuentas, hemos hecho cualquier tipo de investigaciones y hasta el momento no hemos encontrado ningún tipo de irregularidad”.
Explicó que las decisiones de venta de los activos del instituto son tomadas por la Junta Directiva, cuyos integrantes autorizan las ventas de los activos y además establecen las bandas de precios y “en ese sentido no tenemos ningún caso de alguna venta que se haya hecho que esté fuera de esa banda de precios”.
Munguía Payés explicó que el problema que tiene el instituto es que “tenemos una gran cantidad de personal en situación de retiro y los cotizantes son menores y los cotizantes que tenemos en este momento no alcanzan a cubrir el costo de las pensiones del personal retirado”.
El gerente general del IPSFA, coronel René Antonio Díaz Argueta, dijo en marzo pasado que los $64 millones de reservas técnicas de la institución solo alcanzan para pagar pensiones hasta el año 2016.