El gabinete de Seguridad del gobierno de Salvador Sánchez Cerén es el primero en alardear que tiene una estrategia para combatir el crimen, batallones élites del Ejército contra las pandillas y un plan integral de prevención de la violencia, para justificar que no se requiere cambios en la política de seguridad ni sustituciones de los responsables de que la misma se aplique, porque van en el “rumbo correcto” para reducir el actual clima de inseguridad que viven los salvadoreños.
El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, aseguró que “el presidente Sánchez Cerén considera que estamos en el rumbo correcto. Por lo tanto, no está previsto (un) cambio en materia de la política de seguridad pública y de la organización de seguridad pública y que el énfasis de este momento debe de estar más bien en profundizar los planes de trabajo en materia de seguridad”.
Sin embargo, la realidad que viven los salvadoreños a diario está muy distante de la que perciben los funcionarios de Seguridad Pública.
En los primeros cuatro días de junio fueron asesinadas 108 personas, 75 más con respecto al mismo período del año pasado en el que hubo 33. De las cifras anteriores se desprende que el promedio es de 27 homicidios por día.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, aseguró que el incremento de los homicidios se debe a la presión derivada de los planes de la Policía contra las pandillas, pues la misma ha provocado que estos grupos delictivos reaccionen de una manera más violenta, como “para tratar de que nosotros revirtamos los planes que estamos ejecutando en este momento”. Según el ministro, es la respuesta que “hemos observado en estos meses atrás (ante) el incremento de homicidios en el país”.
Por su parte, el comisionado presidencial Franzis Hato Hasbún señaló que “tenemos un plan que vamos evaluando día a día, y se ha impulsado a partir de varios ejes que no dan resultados de la noche a la mañana”. Sin embargo, los planes de seguridad que aseguran tener las autoridades no parecen frenar el embate de la violencia criminal que ha causado las muertes de 2,294 personas desde el 1 de enero hasta el 4 de junio de este año. La cifra anterior representa un alza de 793 homicidios para este año con respecto a ese periodo de 2014.
El ministro Lara mantiene la postura de priorizar la prevención más que la represión del crimen y, en ese sentido, asegura tener un plan integral denominado El Salvador Seguro. Lara afirma “esto no se trata de una acción eminentemente represiva, de mantener únicamente control y represión, sino que tenemos que acompañarlo de otros planes que sin lugar a dudas los estamos impulsando”. No obstante, considera que en algunos municipios falta hacerlo “con mucha mayor fuerza”.
Analistas: Seguridad sumida en una crisis
El diputado por ARENA y general retirado Mauricio Vargas sostiene que la seguridad pública se encuentra sumida en una profunda crisis que ha rebasado los límites de la estabilidad del país.
“Tenemos el año más violento de los últimos cuatro, y pudiésemos decir que aún dentro del conflicto armado. Tenemos un crecimiento de organización y de crecimiento territorial de las bandas criminales, tenemos una penetración social e institucional que crece y que resta control territorial en determinados lugares, tenemos indicios de nexos con crimen organizado”, dijo Vargas.
Dice que los responsables de la seguridad pública deben actuar con mayor contundencia para frenar el embate de la violencia porque “no es con la creación de más mesas o de más platicaderas que se va a resolver el problema, ni creando más cargos, porque lo que nos da la creación de más cargos es única y exclusivamente la incapacidad del manejo de la situación”.
El criminólogo y articulista de El Diario de Hoy Carlos Ponce señala tres deficiencias en el abordaje del combate de la criminalidad por parte del gobierno. La ausencia del presidente Salvador Sánchez Cerén en el tema de la seguridad demuestra que “no le da la importancia requerida”.
A lo anterior se le suma la falta de liderazgo en la conducción del abordaje de la seguridad pública y el doble discurso de los funcionarios al señalar que están abiertos a cualquier crítica o recomendación, pero por otro lado, se resisten a hacer los cambios necesarios para reducir la inseguridad y no aceptan recomendaciones de otros sectores como muestra de que no les importa de que no les tengan confianza a los funcionarios de seguridad.
Vargas cree necesario un cambio de la “partidocracia por la meritocracia y tener más transparencia en el manejo de la seguridad pública”. Reveló que la próxima semana llegará el ministro Lara a la comisión de Seguridad de la Asamblea.