Ciudad Mujer fue autorizada ayer a pedir a la Policía Nacional Civil que haga efectivo el desalojo de 248 familias que habitan en la comunidad Rutilio Grande, en el municipio de San Martín, al oriente de San Salvador.
Las familias ocupantes llegaron al lugar a asentarse desde hace seis meses, en un terreno de la referida entidad estatal.
El terreno tiene una extensión de 50,332 metros cuadrados en el que las familias procesadas se han asentado bajo el nombre de comunidad Rutilio Grande.
Ayer el Juzgado 1o. de Paz de esa localidad resolvió que las familias ocupantes han invadido el terreno que es propiedad de Ciudad Mujer.
La referida comunidad se encuentra alojada en los terrenos traseros a la institución que vela por los derechos de las mujeres y niños.
En la resolución, dada por una juez suplente, se determinó que hay evidencias que el terreno ha sido usurpado por las familias mencionadas en la acusación de la Fiscalía.
El tribunal determinó que los “invasores” violaron la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posición de inmueble.
La juzgadora indicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía establecían que “sí existe invasión de parte de las actuales residentes y que no justificaron su permanencia en el bien raíz”.
“Se determina que su permanencia es ilegal ya que no tienen el consentimiento del propietario”, se razonó en el fallo.
Agregó que el terreno en disputa se mantiene como propiedad del Estado salvadoreño, a través de Ciudad Mujer.
Antes de emitir su resolución de la audiencia, la juzgadora explicó que, según la acusación fiscal, el terreno ubicado en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, en San Martín, fue donado por el Estado a través del Fondo Social para la Vivienda a Ciudad Mujer.
En el lugar se edificaron las instalaciones de esa institución que es dirigida por Vanda Pignato.
Indicó la jueza que el 18 de mayo pasado la Fiscalía realizó una inspección en el lugar y encontraron construidas 248 champas con plásticos, madera y cartón.
Además, determinaron que en la zona había habido tala de árboles por parte de las familias que ahí residían.
Como parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía está un álbum fotográfico del lugar invadido.
La juzgadora agregó que debido a ello se programó la audiencia de desalojo de inmueble, pero que fue suspendida en tres ocasiones por diversos motivos.
Indicó que debido a amenazas de pandillas, la audiencia se realizó en el Centro Judicial de Soyapango.
Apelación
Para poder retirar a esas familias (cerca de 1,000 personas), las autoridades de Ciudad Mujer de San Martín demandaron a los supuestos usurpadores ante la oficina de la Fiscalía en Soyapango, la cual promovió el juicio en el Juzgado Primero de Paz de esa localidad.
Ayer la juzgadora indicó a las familias afectadas con el fallo que tenían cinco días hábiles para que presentaran una apelación del mismo y de esta manera poder detener la acción de desalojo.
Sin embargo, en la resolución de la audiencia no se mencionó ningún plazo para que las familias ocupantes del terreno lo desalojaran.
Linneo Siliézar, abogado de la Procuraduría General de la República en representación de las familias afectadas, dijo que esperará a reunirse con la directiva de la comunidad para determinar si apelarán o no la resolución.
Siliézar dijo que buscarán algún mecanismo para que a las familias les puedan ayudar reubicándolas en otro sitio.
“Tendríamos que hablar con la junta directiva para ver qué disponibilidad tienen para apelar”, dijo.
“Podría revertirse en base al precepto constitucional porque para arreglar un problema de esta clase tendría que estar resuelta la otra cuestión porque esta gente no tiene dónde vivir”, sostuvo.
Agregó que en alguna medida no se ha dado día y hora para el desalojo.
El presidente de la junta directiva, Armando Sánchez, dijo que la sentencia indica que hay orden de desalojo, pero afirmó que la presidenta de Ciudad Mujer, Vanda Pignato podría intervenir.
“Vanda Pignato dijo que ella iba a ver que no nos desalojaran”, afirmó.
Sin embargo, al cuestionar sobre si se habían reunido con ella manifestó negativamente.
“Hace seis meses llegamos al terreno de los alrededores de San Martín. Somos personas que estábamos alquilando cerca, pero que la delincuencia nos sacó de ahí”, afirmó el representante de las familias.
“La única demandante tiene que ser Vanda Pignato y como ella no ha hecho la demanda, la que la está haciendo es la Fiscalía”, reiteró.
El litigio del terreno propiedad de Ciudad Mujer contrasta con el intento de desalojar a 87 familias de la finca El Espino que había ordenado el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán de un terreno de propiedad privada, pero en el que varios funcionarios de Gobierno han frenado la decisión del tribunal, en este caso es el mismo Estado que está demandando el desalojo de 248 familias.