Los abogados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) preparan una denuncia contra el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ante la Corte de Cuentas de la República.
“Estamos analizando una denuncia en la Corte de Cuentas para que el ministro de Hacienda cumpla a cabalidad el Código Tributario. El ministro de Hacienda es el titular que autoriza el tema de las publicaciones”, explicó Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la ANEP.
Explicó que en la Corte de Cuentas pretenden que le deduzca responsabilidad administrativa (a Cáceres) por incumplimiento a las normas tributarias.
Para los abogados de la ANEP, el titular de Hacienda tiene responsabilidad en los daños causados a las empresas que no estaban morosas y que fueron publicadas como tales.
La lista fue difundida en medios impresos nacionales y publicaciones gubernamentales.
Argueta dijo que con dos empresas están cuantificando el daño causado y que siguen teniendo por la publicación del gobierno.
“Hay tres empresas que están tratando de que no pierdan los contratos que a nivel internacional tienen a nivel de exportación”, afirmó el abogado.
“El país de donde exportan, el país que reciben las vio como deudoras, y ellos tienen unos estándares altos con quienes tratan. Es decir, la publicación fue bastante dañina a las empresas con pérdidas para las empresas”, reiteró.
El abogado dijo que están ejerciendo el derecho y lo quieren hacer bien, ya que no es solo un acto de ilegalidad, sino un daño causado por funcionarios por su investidura.
Los abogados de la gremial empresarial explicaron que en el caso, solo el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, goza de fuero constitucional.
Esto significa que si la Fiscalía General de la República comprueba que se cometió ilegalidad al publicar el listado de las empresas morosas, tendrá que solicitar a la Asamblea Legislativa que lo despoje de su inmunidad.
Posteriormente, la Fiscalía podrá acusarlo penalmente ante los tribunales de justicia por el delito de actos arbitrarios.
En el caso del director de Impuestos Internos, Alfredo Díaz, y del Secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, estos funcionarios no cuentan con fuero constitucional, por lo que podrían ser acusados directamente en los tribunales.
“Con la denuncia, el sector empresarial pretende que el Gobierno deje de utilizar el poder del Estado para perseguir políticamente a quienes invierten y generan empleo para los salvadoreños”, indicó la gremial empresarial.
El caso se ha agravado en los últimos días, pues muchas de las empresas que están en el listado y que solicitaron explicación a Hacienda, recibieron esta semana respuestas de que no tienen calidad de deudores por obligaciones contraídas ante el fisco”, una afirmación que a juicio de la ANEP significa que se retracta de la publicación que ha hecho.