El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén tiene a su disposición 138 millones de dólares que le han sido aprobados por la Asamblea Legislativa en los últimos dos años para el área de seguridad pública, pero que no han sido usados para los fines que les fueron asignados, según cifras del ente legislativo.
La mayoría de esos créditos internacionales duerme el sueño de los justos porque todavía no han sido utilizados en los fines para los que fueron aprobados por razones hasta hoy desconocidas.
Ejemplo de lo anterior, están los 71 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobados por los diputados el 3 de octubre de 2013. Los fondos de este préstamo servirían reducir los altos niveles de hacinamiento carcelario que, en estos momentos, supera el 300 por ciento de la capacidad real de la infraestructura carcelaria.
En su momento se dijo que los 71 millones de dólares serían para la ampliación del centro penal de Izalco, Sonsonate; y el fortalecimiento del programa de las granjas penitenciarias que se encuentran en Sonsonate y Santa Ana.
La ampliación de la infraestructura carcelaria pretendía crear espacio para recluir a 13,380 prisioneros.
Otros de los fines de ese dinero era la compra de brazaletes electrónicos con un sistema de localización satelital, los cuales serían colocados a unos 2,000 reclusos que gozan del régimen de fase de confianza y semilibertad, y que les permitiría a las autoridades de Centros Penales tener un mejor control sobre ellos. Los brazaletes aún no han sido licitados, ni comprados.
El diputado por el partido ARENA, Rodrigo Ávila, reclamó que “el caso de los 71 millones de dólares, que no solamente no han sido utilizados adecuadamente, sino que al parecer parte de los fondos que iban para determinados proyectos se han utilizado para otras cosas”. Agregó que los fines para los cuales fue aprobado ese dinero “no se ha ejecutado absolutamente nada”.
A los 71 millones de dólares se le suman 22.2 millones de dólares proveniente de la cooperación alemana, que se supone servirán para fortalecer el programa de Espacios Seguros de Convivencia de Jóvenes, aprobados en abril pasado.
Además, las autoridades de Seguridad Pública tienen a disposición otros 45 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales estarían destinados para el “apoyo integral de la estrategia de seguridad”.
A los créditos anteriores se le suman los 900 millones de dólares en la emisión de títulos valores, aprobados en la última sesión plenaria de la anterior legislatura el 30 de abril pasado.
Del total de ese dinero, 100 millones de dólares estarían disponibles para mejorar el equipo de los policías y las condiciones de los puestos policiales, según han dicho las autoridades de Seguridad Pública.
“Eso iba a servir para fortalecer a la Policía, mejorar su armamento, mejorar condiciones en los puestos policiales, pero también para el desarrollo de los distintos proyectos en los diez municipios (más violentos)”, dijo Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Aseguró que en vista del congelamiento de los 900 millones de dólares, las distintas instituciones del gobierno tendrán que hacer “readecuaciones presupuestarias para resolver estos factores que les hemos llamado factores de riesgos”.
Lara lamentó que el principal problema del país, que es la inseguridad ciudadana, no tenga un fondo especial para el combate de la criminalidad.
Sin embargo, una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha congelado la emisión de los 900 millones de dólares por haber admitido un recurso de inconstitucionalidad del procedimiento que llevó a los diputados del FMLN y GANA la aprobación del referido préstamo.
La decisión de los magistrados constitucionalistas ha recibido una serie de cuestionamientos de funcionarios del gobierno, entre ellos, el presidente Salvador Sánchez Cerén, quien responsabilizó a la Sala de lo Constitucional de “amarrar económicamente” al gobierno y de provocar el incremento de la violencia criminal.
Sin embargo, el diputado Ávila, quien fue director de la Policía en dos períodos, sostuvo que eso es una excusa para poder justificar la necesidad de ese dinero porque “venir a decir que por los 900 millones de dólares se han tenido esos resultados y los problemas de seguridad pública en los últimos días, eso es totalmente ridículo, y aunque se hubiesen aprobado ese dinero, no habría entrado en los últimos días”.
Agregó que “antes de que sucediera que la Corte Suprema de Justicia admitiera los recursos que llevaron al congelamiento del préstamo, ya estábamos viendo los problemas en seguridad pública (aumento de los homicidios a cifras sin precedentes)”.
A los 138 millones de dólares en préstamos que se encuentran disponibles para el gobierno de Sánchez Cerén, se le suman los 422 millones con 721 mil dólares que corresponden al presupuesto del ramo de Justicia y Seguridad Pública para este año.
“Los presupuestos más altos en la historia son los que han tenido estos dos últimos gobiernos. Yo hubiese querido tener, cuando fui director de la Policía, los presupuestos que ahora tienen, teníamos unos 132 millones anuales con las ampliaciones presupuestarios”, dijo Ávila.
Al reconocer que han recibido más recursos económicos para el área de seguridad pública, el ministro Lara sostuvo que “el problema no está en que si hemos recibido los fondos únicamente, sino que venimos arrastrando desde décadas un problema estructural profundo”.
Existe otro préstamo de 44.8 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado en abril pasado, pero este será utilizado en la construcción del edificio central de la Fiscalía General.
Ávila recordó que una de las recomendaciones de la empresa consultora del exalcalde de Nueva York Rudolpf Giuliani es que los fondos asignados a seguridad pública tienen que ser focalizados de manera más eficiente y donde más se necesitan.
Diputados apuestan por más recursos
Los diputados por los partidos de Concertación Nacional (PCN) y GANA, José Almendáriz y Guillermo Gallegos, respectivamente, son de la opinión de que la seguridad pública tiene que recibir los recursos que sean necesarios para poder combatir los altos índices de criminalidad, que alcanza un promedio de 25 personas asesinadas por día, en este mes de junio.
“Puede ser que el Gobierno haya recibido más recursos económicos en materia de seguridad, pero los niveles de delincuencia e inseguridad nunca los habíamos experimentado y se vuelve necesario dotar de más recursos a la policía”, justificó Gallegos.
Almendáriz sostuvo que “la seguridad pública necesita de más, sobretodo ahora que han congelado los 900 millones aprobados y no se puede combatir la delincuencia con las uñas”.
La diputada por ARENA, Milena de Escalón dijo que “si necesitan más recursos para seguridad, que es uno de los problemas mayores de la población, estamos dispuestos a conversar, pero que los justifiquen para conversar”.