El proceso penal contra ocho personas acusadas por el caso CEL-Enel está listo para ir a juicio, aunque la defensa ha insistido en que a más de un año y medio de iniciado el proceso no se ha probado que se haya cometido delito.
Según ha expresado la defensa durante estos meses, el proceso penal desde un inicio presentó falencias, contradicciones, incongruencias y ha carecido de pruebas de que los acusados hayan quebrantado la ley.
A su juicio, esas falencias aún se mantienen a estas alturas del proceso y a las puertas del juicio en el Tribunal Cuarto de Sentencia.
Por ejemplo, en los 18 meses de instrucción no se ha añadido testimonios ni documentos diferentes a los presentados cuando presentó la demanda.
Eso motivó, según la defensa, a que la jueza de Paz, Carmen Jiménez, le advirtiera a la Fiscalía que tenía “un caso en crisis”, por la falta de sustento legal.
Otro aspecto que se adversa es que si las acciones vendidas a Enel son ilegales, por lo cual se procesa a los ocho exfuncionarios, la compra de las acciones que hizo recientemente el gobierno a Enel a un precio de $280 millones, también sería ilegal.
Argumentan que se acusa a sus defendidos de violar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) cuando la misma autoridad que garantiza la aplicación de esa normativa, determinó que no aplica a “servicios financieros”, mismos que les proveyó Deutsche Bank Securities y Ernst & Young, para buscar al socio estratégico.
Según los defensores, a lo largo de la investigación no se ha presentado ningún informe que pusiera en evidencia el incremento patrimonial cuestionable por parte de ninguno de los procesados, ni que estos se hayan puesto de acuerdo previamente.
Sobre la supuesta intención de beneficiar a la empresa Enel Green Power, en perjuicio del Estado salvadoreño, dicen que la Fiscalía no ha logrado comprobar esa situación a lo largo del proceso penal.
Además, contrario a la supuesta lesividad en perjuicio del Estado por el contrato con Enel, El Salvador se benefició en más de $500 millones en dividendos e impuestos con la incorporación del socio italiano, Enel Green Power, sustentan los defensores.
Para los abogados de los ocho procesados, la Ley Penal es un “derecho de estricta aplicación”, lo cual significa que no se puede acusar ni mucho menos condenar a personas en base en suposiciones o inferencias; por el contrario, dicen, debe probarse con hechos comprobables e incontrovertibles.
Pero nada de eso se ha sustentado a lo largo del proceso, argumentan los abogados defensores.
El Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, ordenó el juicio por el delito de peculado (apropiación de bienes públicos) contra ocho exfuncionarios de CEL.
Además, ordenó continuar con el reclamo de la acción civil, pese a que esa posibilidad quedó fuera en el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2014 por el Estado salvadoreño, representado por el Fiscal General, Luis Martínez, y Enel Green Power, que puso fin a un largo litigio en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencia Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, DC.
Precisamente el próximo lunes vence el plazo para el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Marco firmado entre el Estado salvadoreño y la empresa italiana Enel Green Power, en diciembre de 2014.
Según el acuerdo, las partes revisarán el cumplimiento del mismo, el cual establecía que tanto Enel como los acusados quedaban libres de un eventual proceso civil por supuestos daños y perjuicios en contra del Estado.