La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el respaldo de sus homólogos de Latinoamérica, ante los ataques del que está siendo objeto por parte de funcionarios estatales.
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El respaldo fue mostrado en un comunicado emitido por los magistrados de tribunales y salas constitucionales y los expertos constitucionalistas reunidos en el XXI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Salas Constitucionalistas de América Latina en San José Costa Rica.
“Expresamos nuestra preocupación por los ataques públicos de los que hemos tenido conocimiento, que están siendo objetos los magistrados de la Sala de lo Constituconal de la República de El Salvador por ejercer el control constitucional de las leyes y la defensa de los derechos constitucionales, al que están facultados, según la Constitución de la República”, indicaron en el comunicado.
Recientemente, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco, comparó la actual campaña del gobierno contra él y sus colegas con la que se desplegó para instigar el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Ante ello consideró que la misma puede propiciar atentados contra ellos.
“Con estas instigaciones de parte del Gobierno a través de los diferentes medios de comunicación, es fácil comprender que cualquier fanático pueda asumir una autorización para que puedan atentar contra la vida o integridad física de los magistrados”, manifestó Blanco.
En diferentes actos públicos, entrevistas y en espacios pagados en radio y televisión, el Presidente Salvador Sánchez Cerén, funcionarios y altos dirigentes del partido oficial han fustigado a la Sala por fallos que ha emitido que les son adversos, entre ellos el congelamiento de deuda por $900 millones de dólares cuya aprobación en la Asamblea Legislativa fue cuestionada por un ciudadano.
El mandatario llegó incluso a decirle a los magistrados Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González que “tendrían que asumir los costos” por el aumento de la violencia en el país, pues aseguró que pretendía destinar parte del dinero a la Policía.
“Exhortamos a las autoridades salvadoreñas a respetar la independencia judicial y las competencias constitucionales del Tribunal Constitucional Salvadoreño, y les hacemos un llamado a garantizar la seguridad personal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, afirman los juzgadores latinoamericanos.
Ayer, la Sala de lo Constitucional refutó, en un comunicado oficial, cada uno de los señalamientos hecho por los funcionarios y les recuerdan que en su artículo 183 “la Constitución faculta a la Sala a declarar inconstitucional cualquier ley por contener disposiciones contrarias a la Constitución o por haber sido aprobada en contra de los procedimientos establecidos por ella misma, y lo puede hacer a petición de cualquier ciudadano”.
Además, enfatizan que la Carta Magna “faculta a la Sala a amparar a cualquier persona por violación a sus derechos constitucionales, provenientes de actos de las autoridades públicas, y puede hacerlo a petición de la persona agraviada”, como se establece en el artículo 247.
Es decir, la Sala “no actúa por cuenta propia, sino a petición de los ciudadanos y de las personas agraviadas en sus derechos”.