Las 248 familias acusadas de ocupar ilegalmente un terreno estatal donde funciona la Ciudad Mujer de San Martín no están dispuestas a desalojar el terreno, como se los ordenó el lunes el Juzgado Primero de Paz de esa localidad.
Representantes de la comunidad Rutilio Grande sostuvieron, ayer, que están preparando la documentación para pedirle a un tribunal superior que invalide la decisión judicial.
Los demandados —quienes están asentados en el terreno en la parte de atrás de la institución— tienen cinco días para apelar el fallo que los obliga a desalojar, luego de que el juez resolviera que “sí existe invasión de parte de las actuales residentes y que no justificaron su permanencia en el bien raíz”.
“Ahorita los abogados están haciendo la carta de amparo, vamos a apelar… Además la señorita Vanda Pignato (exprimera dama y secretaria de Inclusión Social) nos ha dicho que ella no está a favor del desalojo ni tampoco está apoyando eso”, dijo Armando Sánchez, presidente de la comunidad.
Otra lugareña, que no quiso identificarse, expresó que no tienen a dónde ir, por lo que las familias están decididas a cerrar calles, si es necesario, como medida de presión para que no los obliguen a abandonar el predio.
El fallo judicial no estableció el plazo que tienen los moradores para desalojar el lugar. Ellos confían en que este no sea inmediato pues, según Sánchez, aún están haciendo gestiones con el Gobierno para no salir afectados.
El representante de la comunidad aseguró que una comitiva se reunió, ayer por la mañana, con funcionarios de Casa Presidencial para tratar el tema y buscar alternativas. Esta versión no fue corroborada por la institución.
Chicas: hay familias que tienen hasta vehículo
Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó ayer en una entrevista en Canal 10, que están estudiando los casos de cada familia que habita en el terreno.
Según el funcionario, hay grupos familiares pobres, con una enorme necesidad, pero hay otras que tienen hasta vehículos o que solo llegaron a construir una “champa” en la que permanecen durante el día, pero en las noches van a pernoctar a otro lugar.
“Las autoridades nuestras están estudiando para saber efectivamente quiénes de esas familias merecen una solución habitacional… En definitiva respaldamos la demanda, la denuncia que ha hecho la Secretaría de Inclusión Social, que es lo que atiende el área de Ciudad Mujer para el desalojo”, señaló Chicas.
Agregó que este caso es diferente al de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, donde 87 familias ocupan un terreno privado y no acataron un fallo judicial que los obligaba a desalojar, al mismo tiempo que la policía evadió a ejecutar el fallo.
Chicas asegura que estas familias nacieron y crecieron ahí, por lo que, según él, hay que buscarles una solución habitacional diferente.