Las familias que se encuentran al borde del desalojo en la comunidad Rutilio Grande, en el municipio de San Martín, anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Armando Sánchez, presidente de la directiva de dicha comunidad, indicó que tenían planificado presentar ayer la demanda, pero debido a complicaciones de salud de su abogado defensor no pudieron concretar la diligencia.
Agregó que han programado presentar el amparo el lunes de la otra semana.
Ayer, representantes de varias de las 248 familias que se encuentran en dicha comunidad acudieron a la fachada de la Corte Suprema de Justicia a fin de buscar una solución favorable.
Con pancartas externaban su preocupación de ser lanzadas del terreno, propiedad de Ciudad Mujer de San Martín.
Sánchez indicó que temen que la PNC comience a desbaratar sus champas que han construido en el lugar.
“Hemos estado buscando la reunión con Vanda Pignato, pero ella no nos ha querido recibir”, dijo el presidente de la directiva de la comunidad.
“Seguimos confiando, pero del lunes en adelante vamos a realizar más actividades”, dijo Sánchez.
Las familias que habitan la zona afirman que llegaron de varias colonias de San Martín huyendo de la violencia delincuencial y que no tienen donde residir.
Explicaron que cuando Ciudad Mujer construyó el complejo en San Martín, dejó un terreno baldío en la parte posterior a la edificación, por lo que decidieron asentarse en el lugar al verlo solo.
Aseguraron que quisieran llegar a un acuerdo a fin de que los puedan dejar en esos terrenos y que poco a poco puedan pagarlos para tener un lugar donde vivir.
Las familias albergan la esperanza de poder llegar a un acuerdo y que los dejen en el lugar o los reubiquen en zonas seguras.
Lanzados
El Juzgado 1o. de Paz de esa localidad resolvió el lunes pasado que las familias ocupantes han invadido el terreno que es propiedad de Ciudad Mujer.
La referida comunidad se encuentra alojada en los terrenos traseros a la institución que vela por los derechos de las mujeres y niños.
En la resolución, dada por una juez suplente, se determinó que hay evidencias que el terreno ha sido usurpado por las familias mencionadas en la acusación de la Fiscalía.
El tribunal determinó que los “invasores” violaron la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posición de inmueble.
La juzgadora indicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía establecían que “sí existe invasión de parte de los actuales residentes y que no justificaron su permanencia en el bien raíz”.
Explicó que, según la acusación fiscal, el terreno ubicado en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, en San Martín, fue donado por el Estado a través del Fondo Social para la Vivienda a Ciudad Mujer.
En el lugar se edificaron las instalaciones de esa institución que es dirigida por Vanda Pignato.
Indicó la jueza que el 18 de mayo pasado la Fiscalía realizó una inspección en el lugar y encontraron construidas 248 champas con plásticos, madera y cartón.
Además, determinaron que en la zona había habido tala de árboles por parte de las familias que ahí residían.
Ayer, el presidente de la comunidad reiteró que no se pueden ir a residir a otro lugar porque corren riesgo ante la situación de inseguridad que se vive en el país. Dijo que esperan una solución.
Ciudad Mujer no ha emitido algún comunicado en donde expliquen la forma en que se está abordando el tema.