No es cierto que la Sala de lo Constitucional ha inhabilitado al gobierno para que contraiga nuevas deudas públicas para combatir la delincuencia y atender los programas sociales; tampoco es verdad que haya prohibido la publicación de los nombres de las personas que adeudan tributos al Estado; de igual manera, es falso que la Sala haya habilitado al Gobierno para realizar contrataciones directas de medicamentos.
De esta manera la Sala de lo Constitucional desmintió tres señalamientos emitidos por el Gobierno, el partido oficial FMLN y diputados a la Asamblea Legislativa, para atacar al máximo tribunal tras emitir el fallo que congela la negociación de bonos por $900 millones.
El presidente Salvador Sánchez Cerén llegó incluso a decir que los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González “deben asumir los costos” del aumento de la delincuencia por haber emitido tal resolución.
Pero, en un comunicado oficial, los magistrados refutan cada uno de los señalamientos y les recuerdan que en su artículo 183 “la Constitución faculta a la Sala a declarar inconstitucional cualquier ley por contener disposiciones contrarias a la Constitución o por haber sido aprobada en contra de los procedimientos establecidos por ella misma, y lo puede hacer a petición de cualquier ciudadano”.
Además, enfatizan que la Carta Magna “faculta a la Sala a amparar a cualquier persona por violación a sus derechos constitucionales, provenientes de actos de las autoridades públicas, y puede hacerlo a petición de la persona agraviada”, como se establece en el artículo 247.
Es decir, la Sala “no actúa por cuenta propia, sino a petición de los ciudadanos y de las personas agraviadas en sus derechos”.
Por ejemplo, en el caso de los $900 millones, el Tribunal recibió la petición de un ciudadano, determinó que cumplía los requisitos y la admitió para estudio; en vista de que no se puede adelantar el resultado, congeló la negociación, mas no la capacidad del gobierno de contraer deudas por otras vías.
En su comunicado, la Sala va refutando cada uno de los señalamientos que le han formulado, como que tiene más de 70 “asesores” y 2000 procesos en mora, a lo cual categóricamente responde que “no es cierto”.
“La Sala no tiene ningún asesor. Existen colaboradores jurídicos —como en todos los tribunales del país— que prestan sus servicios al tribunal y lo apoyan en las tareas administrativas: investigar sobre diversos temas constitucionales, asistir en las audiencias públicas de la Sala, redactar proyectos de resoluciones, revisar constantemente la jurisprudencia nacional y extranjera, entre tantas tareas”.
Todos los colaboradores jurídicos nombrados a partir de 2009, cuando asumieron los actuales magistrados, se sometieron a un riguroso proceso de selección (análisis de hojas de vida, exámenes escritos y entrevistas) y se utilizó el mérito como presupuesto para su nombramiento, dice el comunicado.
En cuanto a los procesos en trámite (inconstitucionalidades, amparos y hábeas corpus), aclara que son aproximadamente 1,100, cuya mayoría corresponden a los años 2013, 2014 y el primer semestre del 2015. Cabe resaltar que el último año -2014- ingresaron 1,664 procesos constitucionales.
“La Sala resuelve un promedio de 1,421 procesos al año”, enfatizó.
El martes pasado, el magistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco comparó la actual campaña del gobierno contra él y sus colegas de la Sala con la que se desplegó para instigar el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Por lo mismo, consideró que la misma puede propiciar atentados contra ellos.
“Con estas instigaciones de parte del Gobierno a través de los medios de comunicación, es fácil comprender que cualquier fanático pueda asumir una autorización para que puedan atentar contra la vida o la integridad física de los magistrados”, dijo Blanco.