Una legislación que sustituya a la ley de enriquecimiento ilícito aprobada hace 56 años busca el Grupo Gestor de Ley de Probidad, integrado por distintas organizaciones de la sociedad.
La normativa será presentada hoy a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
De acuerdo con miembros del Grupo Gestor, la nueva normativa que ya está en manos de la comisión de Legislación de la Asamblea, será una herramienta con más poder para perseguir la corrupción en el ámbito público.
“Consideramos que va a ser una herramienta muy poderosa para combatir el enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción en la administración pública. Esta es una excelente propuesta en la que hemos tomado en consideración las mejores prácticas internacionales y la ley modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, afirmó Claudia Umaña Araujo, de la Fundación Democracia-Transparencia-Justicia (DTJ).
Según Umaña Araujo, esta nueva legislación permitirá “cubrir vacíos, inconsistencias y además va a fortalecer la institucionalidad que la va a aplicar”.
La normativa será presentada, además, a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes han trabajo en un primer hervor de la ley. “Invitamos durante estos meses también a personas de la sociedad civil que pudieran estar interesadas en apoyar esta temática y hemos tenido muy buena recepción de todos los actores de la sociedad que realmente consideramos que el mayor flagelo que puede vivir una sociedad moderna es la corrupción”, aseveró Umaña Araujo.
Más controles
De acuerdo con el director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, la nueva legislación incluye una nueva Dirección General de Probidad que podrá investigar de oficio sin que necesite autorización previa de la CSJ y la corte en pleno.
Asimismo, señaló que incluye la eliminación del secreto bancario y pondrá más control en los huecos financieros que pueda haber en distintas instituciones y organizaciones.
“La ley actual no cumple los estándares del combate de las nuevas modalidades del enriquecimiento ilícito. La ley no logra tener los mecanismos eficientes para aquel funcionario que está haciendo negociaciones oscuras e ilícitas a costa de la función pública”, explicó Argueta.
Mientras, el director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, el anteproyecto de ley ha sido creado de acuerdo a los más altos estándares internacionales.
“Sabemos del problema que causa la corrupción en las democracias y por ello este grupo ha estado trabajando en este esfuerzo técnico”, dijo.