Los diputados pueden caer en “responsabilidad patrimonial” si no formulan bien las leyes, y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está en su función de responder al clamor ciudadano de quienes acuden a esa instancia para exigir de la Asamblea Legislativa procesos apegados a la Constitución para avalar normativas.
Así resume Javier Argueta, miembro de Aliados para la Democracia por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la reciente admisión que la Sala de lo Constitucional hizo de la denuncia ciudadana que cuestiona el proceso que siguió la Asamblea para avalar un decreto que autoriza al Gobierno a emitir $900 millones en títulos valores.
En su resolución la CSJ también emitió una medida cautelar que suspende la colocación de los bonos, lo cual ha sido criticado duramente por el FMLN, GANA, PCN, PDC, y en especial por funcionarios del Gobierno efemelenista.
Jackeline Rivera, del FMLN, lanzó fuertes cuestionamientos hacia los magistrados de la Sala. Según la legisladora los funcionarios ya emitieron prácticamente un fallo con la suspensión de los eurobonos.
Pero Argueta reflexiona que los funcionarios de la CSJ no tienen intenciones particulares sobre la resolución, pues atienden únicamente al derecho constitucional que le asiste al ciudadano que denuncia.
De acuerdo con Argueta, los ciudadanos observan ese tipo de situaciones que calificó de “tiranía parlamentaria” y de “bloques oscuros que se arman a costa de la voluntad del pueblo salvadoreño”.
Es más, dijo que por este tipo de situaciones, los diputados están expuestos a ser demandados por “daños y perjuicios” ante un juez de lo civil, si es que se determina que han diseñado una ley “inconstitucional”, aún cuando posean fuero legislativo.
Sin embargo, los partidos políticos, excepto ARENA, insisten en que la Asamblea Legislativa siguió el proceso correcto para aprobar en abril de este año la autorización al Gobierno para colocar $900 millones en títulos valores.
Medardo González, secretario general del FMLN, justificó que el dinero es para pagar los proyectos sociales, e incluso, dijo que de no obtener el dinero podrían recurrir a más préstamos.
Caso contrario, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, se pronunció por la obligación que tienen los legisladores de hacer cumplir las leyes y de respetar las resoluciones emanadas del Órgano Judicial.
Igualmente, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ASI), Javier Simán, instó a los diputados a no emitir opiniones adelantadas mientras la Sala de lo Constitucional no dé una sentencia definitiva.
“Hacemos un llamado a los partidos a que no calienten los ánimos, ahorita la Sala solo ha admitido un recurso que es el acceso a la justicia que debemos tener todos los ciudadanos. Los partidos no deberían estar lanzando las acusaciones cuando la Sala de lo Constitucional ha permitido tener acceso a la justicia”, reflexionó Simán.
Los diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC argumentaron en el pleno el pasado jueves de que justificarán a la Sala de lo Constitucional que la Asamblea actuó apegada a la Constitución de la República y a su Reglamento Interno.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, pidió a la Sala de lo Constitucional repensar mejor sus resoluciones y de ser posible a que reconsideren hacer la medida precautoria que ordenaron.
Rodolfo Parker, del PDC, también se sumó y pidió el jueves a la Sala ser más “prudentes” en sus resoluciones.
Incluso, la diputada Rivera, del FMLN, criticó que si con la resolución de la CSJ, la oposición busca negociar con el partido en el Gobierno, no lo logrará, indicó durante su intervención en el Salón Azul.
Lejos de eso, lanzó fuertes expresiones en contra de la Sala reclamando que con la resolución le quitan la facultad a la Asamblea de legislar, una potestad que le es conferida al Primer Órgano del Estado en la Constitución, acotó.
Pero Argueta refiere que la ciudadanía ha despertado y está haciendo uso de su derecho constitucional a pedir cuentas a los diputados en el proceso a seguir para formular las leyes.
Además, les recuerda a los diputados que no son los magistrados de la Corte Suprema los que actúan por sí solos, argumenta que responden a lo que la ciudadanía les reclama.
“No son los magistrados los que se atribuyen el emitir las resoluciones, son los ciudadanos los que han tomado conciencia que debe existir respeto a la Constitución, si los diputados vieran más el respeto a la Constitución y a las normas de procedimientos para formar una ley, los ciudadanos no interpondrían recursos de inconstitucionalidad”, reflexionó Argueta.
Simán añadió que “todos vimos por televisión cuando a una diputada de un partido se le acercaron a platicar y repentinamente un suplente entró a votar, están argumentando que esta votación no fue válida”, manifestó.