La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió ayer al Tribunal Cuarto de Sentencia el riesgo que corre El Salvador de que la empresa italiana Enel vuelva a abrir el arbitraje internacional si no cumple con el Acuerdo Marco que suscribieron en diciembre pasado con respecto a exonerar de la responsabilidad civil para los ocho exfuncionarios procesados en el caso CEL-Enel.
“El cumplimiento del mismo (artículo 3 del Acuerdo Marco) está condicionado a la continuación del arbitraje internacional suscitado en el CIADI por la sociedad Enel Green Powers contra El Salvador, conforme a lo establecido en el artículo 5, párrafos 1 y 2 del Acuerdo Marco, cuya fecha ya se cumplió”.
El artículo 5 del acuerdo establece la suspensión indefinida del arbitraje internacional, pero cualquiera de las partes podrá solicitar la reapertura del arbitraje, “si, después de 180 días de la suscripción de este Acuerdo Marco, la condición no suspensiva no se hubiera cumplido en su integridad, de conformidad con los términos previstos en el artículo 3 anterior”.
La advertencia está contemplada en el escrito que presentaron los fiscales del caso ante el referido tribunal, en el que piden que se haga una audiencia especial para definir el cumplimiento del acuerdo suscrito por el Estado salvadoreño a través de la Fiscalía General y la empresa italiana Enel, en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos.
Los fiscales del caso esperan discutir en la audiencia especial lo relativo al cumplimiento específicamente del artículo 3 del referido acuerdo firmado en diciembre pasado.
Este artículo define que “la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil (responsabilidad por daños y perjuicios) en el caso, la cual se haría extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputadas en los mismos (procesos en el Séptimo de Paz y en el Séptimo de Instrucción)”.
Con respecto a la responsabilidad penal de los procesados, el acuerdo señala que se procederá en la forma, alcance y límites que permita la ley penal salvadoreña.
Sin embargo, pese a que el presidente de la CEL, David López Villafuerte, firmó los finiquitos y las exoneraciones, la autónoma persiste con su postura desde febrero pasado de reservarse el derecho de promover un proceso por daños y perjuicios.
FGR a favor de cumplir con el acuerdo
Una de las fiscales, Naida Cartagena, explicó que se buscará “definir algunos elementos de prueba para una probable vista pública, pero en sí lo primordial es discutir el cumplimiento del Acuerdo Marco”.
Agregaron que la Fiscalía ha sostenido que se debe de respetar los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco, entre estos de que los ocho exfuncionarios procesados deben quedar exonerados de pagarle una indemnización económica por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
“Precisamente eso es lo que hemos venido sosteniendo nosotros tanto en el Séptimo de Paz como en el Séptimo de Instrucción, la misma petición”, dijo Cartagena.
También han solicitado que se discuta en la audiencia especial lo relativo a la admisión y selección de las pruebas periciales y documentales para una probable vista pública en contra de ocho exfuncionarios que son procesados por el delito de peculado (apropiación de bienes públicos) en perjuicio de CEL.
La defensa de los procesados también pidió, por se aparte, que se haga la audiencia especial para tratar asuntos relativos a la vista pública.
Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía Miguel Lacayo y exdirector de CEL, Thomas Hawk, confirmó ayer tarde que también han pedido una audiencia especial para discutir aspectos relacionados a la preparación de la vista pública.
Reiteró su cuestionamiento al fallo del Séptimo de Instrucción por considerarlo injusto, ya que según él, a sus clientes los procesan con “una carta que nunca firmó y con una junta en la que nunca participó y todo eso se los probé en la audiencia preliminar”.
El Acuerdo Marco que puso fin a 10 años de litigio internacional entre el Estado salvadoreño y la firma italiana Enel no ha sido respetado por las autoridades de CEL, según los abogados defensores, pese a que su presidente David López firmó los finiquitos a favor de Enel. Con este acuerdo, CEL le compró el 36 por ciento de las acciones que Enel tenía en el asocio público privado LaGeo por un valor de 287 millones de dólares.
Sin embargo, la posibilidad de que la demanda de Enel en contra del Estado salvadoreño pueda reabrirse sigue latente debido a que los representantes legales de la CEL insisten en seguir con el proceso civil en contra de los ocho procesados.
Por el momento solo el representante de Enel en El Salvador, Vicente Machado, ha sido exonerado de responsabilidad penal y civil. Sin embargo, los otros ocho procesados deberán de ir a juicio y se mantienen los embargos en su contra, según resolvió el Juzgado Séptimo de Instrucción.
Con respecto al Acuerdo Marco, el referido juzgado señaló que ese documento “no es vinculante para este proceso, debido a que el mismo no está revestido de la categoría jurídica de tratado internacional, puesto que los sujetos vinculados al mismo no son sujetos de Derecho Internacional, por lo que la firma del mismo no puede causar efectos jurídicos, es decir, no trasciende al derecho internacional ni al derecho interno”.
Contrario a esa resolución, el Juzgado Séptimo de Paz exoneró de la responsabilidad penal y civil a otros 10 acusados de los mismos delitos.
La jueza del caso tomó esa decisión con base al Acuerdo Marco suscrito entre CEL y Enel. Los ocho exfuncionarios de gobierno son acusados de peculado (apropiarse de bienes públicos), pero recientemente una Cámara de lo Penal desistió de conocer una petición de los defensores de cambiarle el delito de peculado a negociaciones ilícitas.
El Tribunal de Sentencia tiene tres días para resolver si accede a realizar la audiencia especial o la deniega, según fuentes judiciales.