El exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, seguirá siendo procesado penalmente por estafa agravada en perjuicio de una empresa comercial, aunque permanecerá en libertad condicional, según decidió el Juzgado 10o. de Paz de San Salvador.
Junto al exfuncionario es procesado su hermano Edgar Danilo Gutiérrez Miranda.
La Fiscalía informó que los procesados acudieron a una empresa aseguradora a fin de solicitar una fianza para acceder a un crédito para adquirir mercadería por 400 mil dólares.
Se agrega en la acusación fiscal que el 13 de febrero de 2004 la aseguradora les otorgó dos fianzas de 200 mil dólares cada una para la adquisición de los productos.
Posteriormente, según el expediente, se constituyó un contrato llamado prenda sin desplazamiento, a fin de garantizar que la mercadería con un valor de 125 mil dólares debiera mantenerse en una bodega ubicada en Ciudad Merliot, La Libertad.
La Fiscalía añadió que el 26 de marzo de 2007, Edgar Gutiérrez acudió a la aseguradora para ampliar el plazo de la tenencia de la mercadería por dos años más.
Indicó el Ministerio Público que la transacción no pudo concretarse porque la sociedad que habían formado ambos no había renovado su matrícula en el Centro Nacional de Registros (CNR). La aseguradora solicitó la documentación a los Gutiérrez, pero no la hicieron llegar.
Fue hasta 2008, que la empresa que otorgó el crédito por la mercadería solicitó a la aseguradora que hiciera efectivo el pago de las fianzas, ya que la deuda de 369 mil 537 dólares con 67 centavos no se había cancelado por parte de los Gutiérrez.
Añade la Fiscalía, que la aseguradora intentó recuperar el dinero por medio de la mercadería en depósito, pero que ésta no se encontró en la bodega.
Posiciones
La abogada de los Gutiérrez, Silvia Bonilla, aseguró que las condiciones de esas transacciones exigen fianza y por ello sus clientes firmaron tres de ellas y en ninguna hubo reclamos.
Indicó que en la primera fianza se firma un contrato en donde tiene que quedar como garantía 125 mil dólares en depósito, pero que las partes acordaron que esta estaría en una casa determinada a disposición de la aseguradora.
Indicó que en 2004 se suscribió el contrato, en 2005 la mercadería es vendida y en el 2007 sus clientes piden una prórroga y suscriben un pagaré por 200 mil dólares.
Al no poder pagar, la aseguradora embargó a sus clientes.
Aseguró que el negocio fue mercantil y hubo pago, no puede ser perseguido penalmente porque ha prescrito el delito.
Por su parte, el abogado de la empresa ofendida, Óscar López Jerez, dijo que debe responder penalmente y que no se ha extinguido la facultad para procesarlo por ese delito.