A juicio de abogados, los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes no permitieron que Enel Green Power ampliara su inversión geotérmica en el país y que aumentara su participación en LaGeo, lo cual frenó el proceso de capitalización de la empresa bajo argumentos que fueron parte de una estrategia de persecución política y la construcción de un caso penal y civil débil y sin fundamentos.
Incluso dijeron que en la Fiscalía General de la República (FGR) hubo injerencia por parte de Funes, ya que ofreció $900 mil para crear una comisión al interior del Ministerio Público y ejerció un papel mediático en el que denunció un supuesto “plan conspirativo” para apropiarse del patrimonio nacional por parte de nueve exfuncionarios de gobierno.
En este sentido el exasesor legal de Enel, Francisco Bertrand Galindo, en el programa de entrevistas “Frente a Frente”, consideró que el exmandatario Francisco Flores cumplió el contrato suscrito, y Saca lo hizo de forma parcial, ya que permitieron que se desarrollara en gran medida la ampliación del proyecto geotérmico de Berlín, Usulután.
Sin embargo, recordó que el problema se presentó en 2008, cuando la Junta Directiva de LaGeo aprobó una lista de inversiones de $127 millones y la subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) se opuso porque habían dejado de tener pérdidas económicas y se inició un proceso de arbitraje, que luego no fue cumplido por Funes.
“Lo que siempre existió fue una diferencia entre socios que se dirimió en un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio de París, nunca se planteó que el contrato fuera lesivo o nulo. El problema es que después Funes presionó a la Fiscalía para que metiera un juicio penal y se creó un caso, pero nada cazaba porque todo se hizo en base a una ley que daba facultades a la CEL para crear sociedades anónimas y a buscar un socio estratégico”, explicó el abogado.
Por su parte, el abogado Arturo Muyshondt, defensor de dos de los acusados (el exministro de Economía Miguel Lacayo y el exmiembro de la Junta Directiva de CEL Tom Hawk), recordó que incluso el expresidente Saca le dio validez al contrato con Enel y al acuerdo entre accionistas en una carta que le envió en diciembre de 2005 al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi (ver carta arriba).
Pese a ello en 2008, durante la administración de Saca, recordó Bertrand, el gobierno incumple el acuerdo al no permitir una nueva inversión y luego, en la gestión Funes, CEL y su otra subsidiaria, Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (hoy dueña del 100 % de LaGeo), se niegan a cumplir la sentencia emitida en París, con lo que Enel pasaría a ser propietaria del 53 % de las acciones.
“Acá se puede ver que Enel obtuvo utilidades a base de sus negociaciones, a base de inversiones que estaban claras, pero esto no es ilícito. Dicen en el juicio que estamos ante un delito de peculado, pero este se da cuando un funcionario público tiene en custodia bienes y se apropia de estos en su beneficio o en beneficio ajeno, eso no se ha dado aquí, en ningún momento”, agregó Muyshondt.
Ambos juristas coincidieron en que en todo este caso la FGR actuó como un “bufete de Casa Presidencial” y que Enel nunca recibió acciones del Estado, por lo que no existe sustracción o peculado, ya que se realizó una emisión por parte de LaGeo para pagarle a su socio.
“LaGeo tenía dos posibilidades, o la pagaba con dinero, porque la planta de Berlín ya estaba hecha, o la pagaba con acciones, que era lo que decía el contrato, entonces LaGeo emite las acciones y paga pero no eran con acciones de la CEL, estas jamás se han sustraído”, analizó Bertrand.
Clave indagar en la INE
Un punto donde los abogados sí ven un posible peculado es en el traspaso de las acciones de CEL en LaGeo a la INE, lo cual se realizó para que esta última subsidiaria fuera sujeta de créditos y poder ampliar una planta térmica.
“Resulta que las acciones que tenía la CEL fue para entregarlas a los señores de la INE, ahí sí probablemente hay un fenómeno de peculado, porque la INE es la que ha servido como la caja secreta por donde se manejan las utilidades de LaGeo. Esta es la parte corrupta del problema, no la parte de las acciones en la que siguen insistiendo los actuales funcionarios”, puntualizó el exasesor de Enel.
La INE es una firma que no se rige por las mismas normas de las instituciones del Estado, sino que se maneja como una empresa privada y no es auditada por la Corte de Cuentas aunque su presidente ad-honórem, David López Villafuerte (que también es presidente de CEL), dijo que si se está realizando este procedimiento de fiscalización.
Por último, Muyshondt reconoció que existió una clara participación del Estado en la negociación con Enel y que con ello se legitimó la decisión de la CEL de buscar en 2002 un socio e instó a la Fiscalía a “cerrar el círculo” para dar certeza jurídica al país.