Mauricio Funes arremetió ayer a través de su cuenta de Twitter contra la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a raíz de un editorial publicado el 18 de junio en el que se cuestiona el origen del litigio entre CEL-Enel y del proceso penal abierto contra varios exfuncionarios.
En su editorial, la UCA señala que Funes “comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento”.
Funes salió al paso y escribió en su cuenta de Twitter: “Qué vergüenza. La UCA se suma a la posición de la derecha oligárquica de que el caso CEL/ENEL es un juicio político. A quién responde ahora?”
En su editorial, la UCA enfatiza que después de la venta de acciones del Estado a la italiana Enel, “no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato…”
El editorial de la UCA sostiene que mantener vigente el caso en contra de los antiguos directivos de la CEL más parece ser “una tapadera de ese modo administrativo de burlar el Estado de derecho. Para ser confiable, el FMLN debería abandonar toda sombra de corrupción”.
Según la Universidad, “mientras se juzga a los que hicieron el convenio (CEL-Enel), el cual era legal en su momento, “se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas”.
Y añade que se está frente a una “irregularidad y un retorcimiento jurídico que solo es explicable por la debilidad corrupta de los jueces y por la presión política de quien detenta el poder estatal”.
Esto ante el argumento que manejó Funes durante su administración presidencial de que en el caso CEL-Enel hubo “delito por los daños que se infligieron al Estado”.
A su vez, Funes fue cuestionado en la red social por pronunciarse en contra de la UCA: “El expresidente siente vergüenza de la UCA, por tener opinión distinta a él”, fue uno de los cuestionamientos, a lo que él respondió: “Mi crítica no es porque UCA no opina como Yo. El asunto es que utiliza los mismos argumentos de la derecha oligárquica”, contestó.
“La caja chica”
En su editorial, la UCA reseñó que “ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de 100 millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL. Cuando, según el contrato entre la CEL y ENEL, la inversión de la empresa italiana le significaría que la mayoría de acciones de LaGeo fuera suya, el Gobierno de Saca se negó. ENEL reclamó y el caso pasó a arbitrajes internacionales, y en todos perdió El Salvador”.
“El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de ARENA. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas”, dice el editorial.
Por su parte, Funes reclama a la UCA que esta institución educativa no puede asegurar que hubo “corrupción” en Inversiones Energéticas (INE), una entidad que fue constituida con fondos de la CEL, y de la cual LaGeo es subsidiaria actualmente. “Su falta de rigor científico no deja de ser difamatorio”, espetó Funes.
Y afirma que los ingresos de INE son “auditados por la Corte de Cuentas en la medida que pasan a CEL” y que durante su Gobierno sirvieron para pagar $180 millones anuales de subsidio a la energía.
A la fecha, el litigio entre CEL y Enel continúa deliberándose en el Tribunal Cuarto de Sentencia y se prevé que se realice una audiencia con exdirectivos acusados, para definir el caso de una vez, el próximo 3 de julio.