Las autoridades de Ciudad Mujer han pedido, a través de la oficina fiscal de Soyapango, que el Juzgado Primero de Paz de San Martín ordene el desalojo de 140 familias pobres de un terreno que les atribuyen haber usurpado y que pertenece a esa institución estatal que se precia de dedicarse a la protección de la niñez y la mujer.
El terreno, que tiene una extensión de 50,332 metros cuadrados y donde las familias procesadas se han asentado bajo el nombre de comunidad “Rutilio Grande”, se encuentra atrás del complejo Ciudad Mujer del municipio.
Para poder retirar a esas familias (cerca de 1,000 personas), las autoridades de Ciudad Mujer de San Martín demandaron a los supuestos usurpadores ante la oficina de la Fiscalía en Soyapango, la cual promovió el juicio en el Juzgado Primero de Paz de San Martín.
El tribunal ya realizó la audiencia inicial, pero aún debe emitir su decisión, ya sea si ordena el desalojo de las familias o si permite que sigan viviendo en el lugar, donde no cuentan con los servicios básicos.
La lectura del fallo está programada para el próximo lunes en el Centro Judicial de Soyapango por razones de espacio y de seguridad para los jefes de familias que han sido denunciados.
El juez José Oscar Morán Méndez explicó que decidió llevar la audiencia inicial y la lectura de la sentencia al referido complejo judicial porque en la comunidad “tenemos conocimiento por ellos mismos (residentes) de que hay pandilleros y al tenerlos acá, los de aquí, cerca de donde nosotros, pertenecen a otra pandilla, la vez que vinieron acá dijeron que estaban siendo asediados por los contrarios y para evitarles problemas…”. Además, la vivienda que alberga el juzgado no tiene el espacio suficiente para tener a más de 140 personas en el lugar, explicó.
En una breve visita al asentamiento, formado por casas con techos de cartón y lámina, se pudo constatar la presencia de jóvenes con apariencia de pandilleros, quienes al ver a los periodistas comenzaron a llamar por sus celulares y de inmediato comenzaron a salir otros grupos de supuestos mareros.
Ninguna autoridad aboga por ellos
El litigio del terreno propiedad de Ciudad Mujer contrasta con el intento de desalojo de 87 familias de la finca El Espino que había ordenado el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán de un terreno de propiedad privada, pero en el que varios funcionarios de Gobierno han frenado la decisión del tribunal.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la suspensión del desalojo, justo cuando algunas familias ya habían salido de forma voluntaria.
Sin embargo, en este caso de San Martín, ninguna institución de gobierno les ha ofrecido alguna alternativa de asentamiento ni están dispuestas a ceder la propiedad, que es del Estado.
La causa judicial fue promovida por la Fiscalía General en vista de que el Ministerio Público es el garante de los bienes del Estado.
“Como son bienes del Estado y la Fiscalía está obligada a velar por los bienes del Estado por ser la representante del Estado, ellos están pidiendo el desalojo (de las familias)”, dijo el juez Morán,
Explicó que cualquiera que sea la resolución judicial, esta deberá ser acatada con base en la Ley especial de Garantía para la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, la cual establece que las resoluciones de los jueces en los litigios por desalojo deben ser cumplidas de inmediato.
Morán explicó que la Fiscalía ha presentado al tribunal la documentación con que se demostraría que el terreno es propiedad de Ciudad Mujer, luego de que se lo donara el Fondo Social para la Vivienda (FSV), el 16 de abril de 2012.
Sostuvo el funcionario que durante la audiencia se les preguntó a los moradores que si tenían documentación para demostrar que estaban haciendo gestiones para legalizar el terreno y ellos fueron tajantes al reconocer que no tenían.
“Son 140 familias con la diferencia de que hay 248 champas construidas, de las cuales, algunas no están habitadas”, dijo el juez Morán, quien agregó “¿qué significa eso que hay gente que ha construido la champa y por lo que nos manifestaron algunas personas que solo las construyen y después les venden el derecho a otros?”.
No ser desalojados por ser terreno estatal
El presidente de la directiva de la referida comunidad, Armando Sánchez, pidió al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y a la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, que no sean desalojados del terreno, ya que este pertenece al Estado y que si lo ocuparon fue por la misma necesidad de no contar con una vivienda donde residir.
“Como ahora los alquileres están muy caros, segundo la delincuencia está fregada, no se puede vivir en cualquier lado, hay piezas en otro lado más baratas , pero no se puede vivir por la delincuencia”, dijo Sánchez, quien espera de que la ex primera dama pueda interceder para evitar ser desalojados del terreno.
“Lo que pedimos es que se ponga la mano en el corazón, ya que el terreno es del Estado y el Estado es toda persona que viva en el país, entonces lo que le pedimos a Vanda Pignato, de que dé el OK para vivir en este terreno”, dijo Sánchez, quien agregó que “este terreno había estado abandonado por años y la delincuencia lo había ocupado para bastantes hechos delictivos y por eso tomamos la decisión de venirnos para acá”.
Sánchez denunció supuestos abusos de autoridad de parte de militares que patrullan la zona y aseguró que en una ocasión, los soldados hicieron varios disparos e hirieron a una señora residente.