A diferencia del Juez 7° de Instrucción que se resistió a aplicar el “acuerdo marco” suscrito por el Fiscal General, en representación del Estado salvadoreño con representantes de Enel Green Power, en diciembre pasado en Washington, la jueza 7° de Paz sobreseyó ayer definitivamente a diez procesados en caso CEL-Enel.
El Juzgado 7° de Paz resolvió ayer declarar extinta la responsabilidad civil para nueve implicados en el caso de CEL-Enel, a petición de la Fiscalía General de la República
Los diez exfuncionarios de CEL y representantes de la empresa italiana fueron sobreseídos penalmente de forma definitiva al inicio del proceso judicial el año pasado, a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público argumentó que solicitó la libertad para los diez acusados, porque el plazo legal para procesarlos había vencido. Sin embargo se reservó el derecho de continuarles el proceso de responsabilidad civil, que en total para todos se estimaba en dos mil millones de dólares.
La fiscal del caso, Naida Valenzuela, explicó que la audiencia especial para sobreseer a los exfuncionarios se realizó porque era un mecanismo legal que había que agotarse, pues desde diciembre que el Fiscal Luis Martínez, firmó el “acuerdo marco” en el Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) habían sido exonerados de los cargos civiles como parte de los alcances del compromiso. El acuerdo también incluye a nueve exfuncionarios de CEL que están siendo procesados en el Juzgado 7° de Instrucción y para quienes el referido juez desconoció el “acuerdo marco”, y resolvió en audiencia preliminar, enviarlos a juicio para que respondan por la responsabilidad económica en perjuicio del Estado Salvadoreño.
El juzgador de Instrucción fundamentó su resolución, en que el Fiscal General no tenía la calidad de “víctima” para acordar exonerarlos de las supuestas pérdidas económicas del país, una potestad que a su juicio solo tienen los apoderados de CEL o La Geo.
El Juez 7° de Instrucción en su resolución hizo eco a la posición del presidente de CEL, David Antonio López Villafuerte, quien rehusó que se extinguiera de los cargos económicos a los nueve procesados, excepto, a Vicente Machado por no ser funcionario de la autónoma, sino de la empresa italiana Enel.
“Como representación fiscal estamos satisfechos de la resolución de la jueza, todo ha sido apegado a lo que está suscrito en el acuerdo marco y como la jueza lo mencionó, es la base que fundamenta la solución”, subrayó Valenzuela.
Agregó que la lectura parcial del “acuerdo marco” suscrito en el CIADI pudo dar lugar a una interpretación diferente, pero al leerlo de forma integral, en el artículo 3 del acuerdo como la señora juez lo indicó, atañe a todos los procesados tanto del Juzgado 7° de Paz como del 7° de Instrucción. “Declárase extinguida la acción civil ejercida por la representación fiscal en el requerimiento fiscal presentado el día once de noviembre de dos mil trece”, reza la resolución judicial.
Samuel Merino, abogado de Enel, manifestó que el Estado salvadoreño no ha sido dañado económicamente con la inversión de la firma italiana y por el contrario ha incrementado sus ganancias con las inversiones que hizo Enel Green Power.
Aclaró que la participación de Enel no fue por medio de ventas de acciones, porque esa figura como tal nunca se aplicó en el tema energético en el caso CEL-Enel.
“Cuando CEL crea a La Geo en 1998, hace un inventario con todos los bienes que tenía y los capitaliza a través de acciones, cuyos accionistas solo era CEL y una empresa de Ahuachapán”, explicó
Enel llegó al país en 2002 junto a otras multinacionales interesadas en convertirse en socio estratégico, a raíz de una invitación, en la que se estimulaba a tener mayoría”, mediante el aporte de capital.
Ese fue un atractivo para genera inversión extranjera en la producción energética, porque nadie quería invertir en El Salvador después de un conflicto armado, donde toda la infraestructura de producción y distribución de energía eléctrica había quedado dañada. En esas circunstancias “Enel se convierte en socio estratégico de CEL en el 2002 y desde ese momento inyecta capital, tecnología y experiencia”, afirmó. Gracias a estas transferencias La Geo, que tenía pérdidas de cinco millones de dólares anuales entre 1998 y 2002, se convirtió en una empresa con ingresos de hasta 100 millones de dólares por año, afirmó el apoderado de Enel en El Salvador.
La resolución del Juzgado 7° de Paz, si bien se vincula al proceso del 7° de Instrucción, los procesados en este último caso son diferentes.