El cargo del magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Raúl Antonio López, estaría en juego luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendiera una constancia en la que certifica que el funcionario está afiliado al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El caso se vuelve delicado considerando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado que no pueden tener filiación política quienes dirijan instituciones judiciales o de justicia administrativa.
De hecho, la Sala sigue un proceso a López, así como al presidente, Jovel Humberto Valiente, y el segundo magistrado, Marco Antonio Rivera, por petición de tres abogadas que argumentan que los tres funcionarios tienen afiliación partidaria.
El documento, firmado por el secretario del TSE, Louis Alain Benavides Monterrosa, certifica que López se afilió al Partido de la Esperanza, ahora PDC, según consta en los archivos de la Dirección del Registro Electoral de la institución.
Los magistrados fueron nombrados en julio de 2014 para un periodo de tres años. No obstante, Valiente y López fungieron como magistrados durante la presidencia de Rosalío Tóchez. Valiente fue nombrado presidente de la CCR, con el apoyo de las bancadas del FMLN, GANA y PCN, mientras que López pasó a la segunda magistratura.
Se buscó ayer mismo una declaración del magistrado López sobre la notificación del TSE, pero no hubo respuesta a la solicitud hecha a la unidad de comunicaciones de la CCR. Se limitaron a decir que la petición de una entrevista con el funcionario “la canalizaremos a la instancia correspondiente”.
PDC niega pertenencia
El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, sostuvo por su parte que no ha encontrado registros de que López sea miembro activo del partido. Eso sí, dice que no tiene un dato certero sobre si el magistrado dio su firma para la inscripción del Partido de la Esperanza (PES), el cual fue formado tras la desaparición temporal del PDC en 2011.
“Yo indagué, y él nunca ha sido miembro del PDC. Si firmó o no firmó como afiliado en el Partido de la Esperanza, no lo puedo certificar”, sostuvo el dirigente pedecista.
Parker enfatizó que López no ha tenido participación en ninguna de las estructuras partidarias del PDC a lo largo del país. “Raúl López, a quien conozco de referencia, nunca ha sido parte del partido, nunca ha aparecido en ninguna reunión en ningún municipio o departamento, no tiene relación con la dirigencia en nivel departamental ni en nivel municipal, ni ha estado en reunión pública ni privada del partido”, aseguró.
Para el pedecista, no es lo mismo dar la firma para el proceso legal de inscripción de un partido político, que seguir los trámites para ser considerado militante de un instituto político.
“No creo que sea lo mismo firmar para la constitución de un partido que firmar para ser militante de un partido. Para ser afiliado se extienden carnés, y esa persona estoy absolutamente seguro de que no se le ha extendido ningún carné porque la firma la hago yo”, aclaró Parker.
Por su parte, la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, criticó ayer en la entrevista Frente a Frente de TCS que la Sala de lo Constitucional está exigiendo apoliticidad, un requisito que no contempla la Constitución, “porque dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa está nombrar a funcionarios de elección de segundo grado y destituirlos, pero aquí es al revés, la Asamblea los nombra y los destituyen cuatro magistrados”.
A juicio de la legisladora, eso es “una violación flagrante a la independencia, a las facultades que tiene este órgano de Estado”.
Antecedentes
La Sala de lo Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la elección de funcionarios de segundo grado cuando ha considerado que los mismos no cuentan con la independencia para asumir los cargos por tener una afiliación partidaria.
En el caso de la CCR, la Sala declaró el 23 de enero de 2013 la inconstitucionalidad de la elección de Andrés Rovira, entonces presidente de GANA; Javier Bernal, identificado con el FMLN, y de Gregorio Sánchez Trejo, que fue vinculado con el PDC.
Días después, la Asamblea realizó una nueva elección, ratificando en el cargo a Bernal y Sánchez Trejo, pero cambiando a Rovira por Silvia Aguilar. Esta última era parte de GANA, pero intentó restar importancia a su vinculación al partido naranja.
El caso más reciente en el que la Sala ha declarado una inconstitucionalidad es por la elección del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tito Zelada.
El 28 de abril pasado, el máximo tribunal constitucional declaró que el procedimiento de elección del abogado Zelada en la Asamblea no contó con ningún documento o mecanismo para determinar y acreditar su independencia política.
Asimismo, en junio de 2014, la Sala declaró inconstitucional, por los mismos argumentos, la elección de Eugenio Chicas, quien estaba al frente del mismo TSE.
El abogado y expresidente de la CSJ, José Domingo Méndez, sostuvo que la Sala deberá analizar si el documento brindado por el TSE es suficiente prueba para que la Sala declare la inconstitucionalidad de la elección de López.
“De ser así, de acuerdo con al jurisprudencia que ha establecido la Sala como requisito para estar al frente de una institución, debería ser declarado inconstitucional”, dijo.
Para el también miembro de Aliados por la Democracia, es “frecuente” que la Asamblea elija funcionarios sin revisar a fondo sus perfiles y que es su responsabilidad, algo que, a su juicio, no lo hizo.