El exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, considera que conforme transcurre el comienzo de la segunda semana de audiencia preliminar, poco a poco se desvanecen cada uno de los argumentos con los cuales la Fiscalía General de la República intenta inculparlo de las irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín.
Junto a Nieto y otras 16 personas, entre funcionarios y empresarios, son procesados por peculado, actos arbitrarios, falsedad documental y falsedad ideológica.
El exministro Nieto dice que en principio se le culpó de no caducar el contrato, ni iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, tampoco hizo efectivo los cobros de garantía de anticipo de obra y fiel cumplimiento, afirmó Nieto.
“Todas estas argumentaciones están quedando desvanecidas y desvirtuadas: porque caduqué el contrato, impuse las sanciones correspondientes a lo largo del proceso y también ordené las auditorías a la empresa sobre el tema del anticipo”, subrayó el exministro.
Una vez que se constató que no se estaba entregando la documentación correspondiente por concepto de fianza de anticipo, Nieto afirmó que exigió a la aseguradora el pago de la misma, el cual consta en cuatro requerimientos de notas que lo justifican, manifestó. “Como la aseguradora no quería pagar la fianza se envió una nota al Fiscal General pidiendo que iniciara el proceso y la hiciera efectiva”, puntualizó.
Todo esto se realizó mientras se realizaba el proyecto de caducidad del contrato y se imponían multas, con las cuales se cobró el acopio por material y daños causados en el tramo II de la carretera.
“En ningún momento hubo incumplimiento de responsabilidad como funcionario y lejos de eso se ha documentado que se tiene sentencias del Juzgado Quinto de lo Mercantil, en la que se condenó a la aseguradora con tres millones 130 mil”, argumentó Nieto.
“Por lo tanto se ha dado cumplimiento a toda la responsabilidad”, subrayó.
El exministro Nieto reconoció que el principal problema en esta importante obra se originó en 2005, cuando se modificó el diseño original del proyecto pese a tener todos los permisos municipales y ambientales en orden.
Con la modificación del diseño de la obra, la carretera abarcó 4.3 manzanas de una reserva protegida, el cual desencadenó en serias controversias con la alcaldía de San Salvador al mando de Violeta Menjívar.
Entrarse a la reserva forestal significó derribar árboles nativos sin los permisos ambientales y municipales correspondientes.
Con la obra paralizada y con problemas ambientales no solventados, Nieto asegura que asumió la cartera del MOP. Agregó que el proyecto de la antigua calle Diego de Holguín tenía seis meses de estar paralizado .
“No solo me encontré con un proyecto importante detenido, sino con siete grandes proyectos estancados a nivel nacional: el tramo I de la Diego de Holguín era uno de ellos pues el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, no daba los permisos porque demandaba obras adicionales que comunicaran a ciertas comunidades”, apuntó.
También el proyecto del Paseo General Escalón estaba estancado y se corría el riesgo por las lluvias de ese invierno, además la prolongación Juan Pablo II estaba totalmente abandonado, así como el by pass de Usulután varado por falta de los permisos de derechos de vía. Lo mismo sucedía con obras en Santa Ana, San Pablo Tacachico, Guatajiagua, Yamabal y Gotera, “era siete grandes proyecto totalmente aventados cuando su servidor llega al MOP”, afirmó Nieto. “A raíz de eso empiezo a caducar los proyectos que podía caducar y a sacarlos de nuevamente a licitación; sin embargo, el proyecto del antiguo bulevar Diego de Holguín no lo podía cancelar”, dijo. A este nivel del proceso judicial, Nieto no duda en señalar que los verdaderos responsables de todos estos inconvenientes son los que lo antecedieron a él, la anterior administración. Reiteró que sus antecesores modificaron el diseño original de la empresa a constructora Delcan Salazar y el cual tenían los permisos ambientales y además tenían aprobado el presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda. “Si yo hubiera caducado la obra en ese momento, seguramente habrían demandando al Estado porque el origen del problema había sido la toma de decisión de la administración anterior al haber modificado el diseño original y haberse metido a la reserva forestal”, afirmó. “Por lo tanto hice que el contratista retornara al diseño original conceptual con los permisos ambientales y el presupuestado originalmente aprobado por Hacienda”, explicó. A partir de ese momento el contratista retoma el proyecto y vuelve a iniciar sin costo alguno para el Estado. “Unas de las cosas que hay que mencionar es que me garanticé que el Estado no pagara incremento de precios alguno, ni un centavo”, dijo.
Sin embargo, el Estado fue sancionado con una multa y del cual responsabilizó a la Fiscalía al no defender verdaderamente los intereses del Estado.