Las principales gremiales del transporte público demandaron al Gobierno ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de “privatizar” los más importantes bulevares de la capital para entregárselos a empresas que ligan a Alba Petróleos –afín al partido oficial FMLN– mediante el proyecto masivo de transporte Sitramss.
El Gobierno prácticamente ha concesionado el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II sin que esto haya sido a través de concurso y menos que lo haya aprobado la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución, expresaron representantes de las gremiales Rutas Unidas Salvadoreñas, AEAS y ATP, encabezados por Genaro Ramírez.
“No han licitado (llevado a concurso) el tramo de carretera, es carretera de pueblo, se ha construido con fondos del pueblo”, declaró Ramírez, presidente de la asociaciones de Empresarios de Autobuses Salvadoreño (AEAS).
Los transportistas acusaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al Viceministerio de Transporte (VMT) de entregar los carriles exclusivos del Sitramss, construidos con fondos públicos, a un grupo de buseros que integran la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago) y a la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes).
“Ha entregado a dos empresas privadas “la explotación” de obras construidas con fondos públicos, sin hacer una licitación”, insistieron.
Además, subrayaron que el Sitramss se convierte así en un monopolio, lo cual está prohibido por la Carta Magna.
Los buseros recurrieron a la Sala de lo Constitucional justo cuando el Gobierno dio luz verde para que ayer la empresa Sipago-Sitramss comenzara a cobrar la tarifa autorizada por el VMT de $0.33, la que los transportistas también piden que se frene.
Los funcionarios del MOP y del VMT, en varias entrevistas televisivas y radiales ayer, defendieron el costo de la tarifa como la legalidad del sistema.
Los transportistas, que no forman parte de la Mesa Nacional de Transporte creada por el Gobierno, denunciaron que la empresa Sipago, formada por un grupo de buseros que también son miembros de la Mesa Nacional de Transporte y de la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), la cual fue contratada por los buseros de Sipago, son los únicos que se beneficiarán de las obras públicas que hizo el Ejecutivo.
Construido con fondos públicos
El artículo 120 de la Constitución de la República reza: “En toda concesión que otorgue el Estado para establecimiento de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de servicio público, deberá estipularse, como condición esencial, que después de transcurrido cierto tiempo, no mayor de cincuenta años, tales obras pasarán por ministerio de ley, en perfectas condiciones de servicio, al dominio del Estado, sin indemnización alguna. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.
Según los afectados, ese apartado de la Constitución es el que estarían violando las autoridades del MOP y del VMT en el caso del Sitramss.
En 2012, el Gobierno inició la construcción de 6.4 kilómetros de concreto hidráulico, estaciones de buses desde la zona de los centros comerciales de Soyapango hasta la 33a. Avenida Norte, por el hospital Médico Quirúrgico del ISSS, y en la alameda Juan Pablo II, con un préstamo de $45 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, los transportistas reclaman que debido a que el Sitramss es una nueva ruta de buses, debieron licitar los permisos de línea de las unidades con las que cuenta el sistema.
“(El Gobierno) ha omitido licitar las nuevas líneas de buses que serán parte del Sitramss. El VMT dijo que no otorgaría nuevas concesiones, sino que los buses que estén por cumplir su vida útil (independientemente cuál sea su recorrido) podrían “traspasar” la placa y el permiso de línea a una unidad del nuevo sistema”, expresó Roberto Soriano, presidente de ATP.
El VMT autorizó el uso de concesiones existentes a favor de la sociedad Unión de empresas Sipago-Subes. Algunos buses articulados y tipo padrón tienen placas de la Ruta 29D y 29H, dijo este sector.
“Nosotros sí sabemos quiénes son los ladrones que se quieren robar este negocio… Los que están detrás de Subes, es Alba Petróleos que nos quieren arrebatar un negocio”, externó Ramírez.
Los buseros expresaron que no pretenden detener el Sitramss, sino suspender el cobro de $0.33 hasta que el Gobierno explique a quién le han entregado el negocio del transporte público de pasajeros y que les permitan al resto de transportistas utilizar los carriles que no son de uso exclusivo del Sitramss.
El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo ayer en una entrevista televisiva de Canal 19, que de las 14 gremiales en el AMSS, 12 se han “integrado” al nuevo sistema. “Algunas rutas de Soyapango se han incorporado en los últimos días”, afirmó.
Pese a las declaraciones del funcionario, el Sitramss arrancó sin un sistema de rutas alimentadoras, ya que todavía no han llegado a un acuerdo con este primer grupo de unidades que serán parte del sistema, trasladando a la población de las colonias de Soyapango e Ilopango hasta la estación provisional.
El funcionario advirtió que la “integración tarifaria” será progresiva, al igual que las rutas alimentadoras y el reordenamiento del tráfico en la zona de influencia del proyecto.