La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que concluyó con el peritaje en el proyecto El Chaparral, por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagó 108 millones de dólares, pese a que fue abandonado a medias, durante el gobierno de Mauricio Funes.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la FGR, Andrés Amaya, explicó que el equipo de geólogos, geotécnicos y consultores que contrató el Ministerio Público prepara el informe especializado de las obras en el lugar.
La investigación se realizó luego de una orden del Juzgado de Paz de San Luis La Reina, San Miguel.
“Tenemos entre 200 y 220 piezas de investigación en este caso y estamos a la espera de que los peritos nos presenten el informe final para poder continuar. Se han hecho múltiples análisis, valúos y si se encuentran contradicciones entre el peritaje y los procesos administrativos, financieros o jurídicos que realizó la CEL en El Chaparral, estos serán evaluados para encontrar posibles irregularidades o delitos”, señaló el fiscal Amaya.
Por ello, el investigador de la FGR que coordina el equipo que realizó las pesquisas en el proyecto hidroeléctrico consideró que el caso pasa a una etapa clave porque si el peritaje y toda la documentación facilitada por la CEL demuestran anomalías en el sitio, se podrían citar a exfuncionarios de la autónoma o incluso a su actual presidente, David López Villafuerte.
“Del análisis del peritaje iremos delimitando aún más la investigación. Hoy entramos a una nueva fase porque podemos tener más claridad si hay o no elementos constitutivos de delito. Vamos a ver si hay personas que podemos entrevistar o si otras instituciones nos pueden colaborar, quizá no como autores, pero sí como testigos, eso incluye a autoridades (de CEL) actuales o pasadas”, agregó Amaya, aludiendo a los gobiernos de Funes, Antonio Saca o al de Sánchez Cerén.
El Fiscal General, Luis Martínez, indicó en octubre de 2014 (luego de una visita técnica a El Chaparral) que el terreno donde se construyó una parte del proyecto “no era el adecuado” y que esto era del conocimiento de todos los involucrados , incluyendo la firma italiana Astaldi, CEL y la firma supervisora Euroestudios-Ingetech.
“El terreno es tan frágil que las piedras al chocar unas con otras se quiebran fácilmente, aunque dan la apariencia de ser rocas, pero son tan frágiles que se fracturan, todo eso lo pudimos observar”, dijo el titular del Ministerio Público.
Esto coincide con los informes de Euroestudios-Ingetec, los cuales establecieron que “las malas condiciones de la margen derecha (de El Chaparral) eran conocidas por el contratista desde la etapa de licitación”, según la documentación incluida en el expediente.
“Si existen documentos o información técnica del proyecto que coincida con los resultados del peritaje sin duda que lo vamos a evaluar. No tenemos plazo para esta investigación porque se trata de algo que lleva varias etapas y es de una importante complejidad”, puntualizó Amaya por su parte.
Inspección en bodegas de Astaldi
Por otra parte, la FGR manifestó que solo está pendiente un inventario que se realizará sobre maquinaria que mantiene la empresa Astaldi “con llave”, pero que el lugar ya se entregó para que la CEL pueda reanudar la construcción del proyecto.
“Ellos (CEL) pidieron al Juzgado el sitio. Esto no dependía de nosotros, sino de una orden judicial y la semana pasada se resolvió a favor de la institución”, explicó.
Agregó que le pedirán a la empresa italiana Astaldi que les permita inspeccionar las bodegas que mantiene en el lugar.
La CEL ya había precalificado para continuar con las obras a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, una de las mencionadas en el reciente caso de corrupción de la estatal brasileña Petrobras. Se desconoce si este proceso será válido para continuar el proyecto.
Para la Fiscalía, el resultado del trabajo de los peritos es clave porque permitiría definir “una mejor hipótesis” de lo que ahí pasó, tanto en la licitación, como en la adjudicación, contratación, desarrollo de la obra y, con énfasis, en el arreglo al que finalmente llegó CEL con Astaldi para evitar un arbitraje, según justificó hasta el mismo Funes en su momento.
Los hallazgos del peritaje se entregarán en un plazo prudencial al Juzgado de Paz y luego el Ministerio Público pedirá una certificación al respecto para continuar, ya que fue el Tribunal que declaró “un acto urgente de investigación” para que juramentara a los peritos, quienes en septiembre del año pasado iniciaron su trabajo.
“Nos reunimos con el juez y le planteamos esta diligencia de declaratoria de urgencia. A partir de ahí el Juzgado ordenó la indagación, pone en mano de los técnicos la información de CEL a los técnicos y ordena que todas las instituciones colaboren, a través de la Fiscalía. Es un procedimiento complejo pero que ha avanzado de manera satisfactoria”, valoró el fiscal anticorrupción.
Hay que recordar que, además del proceso el la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República (CCR) realiza un proceso de auditoría financiera sobre El Chaparral, a petición de las actuales autoridades de la CEL que, según la FGR, ha facilitado “toda la documentación” y mantiene la disposición de cooperar.
Por ello, el Ministerio Público no descarta coordinar un trabajo interinstitucional o hasta pedir asistencia internacional si así se requiere en el curso de las posteriores averiguaciones, finalizó el fiscal Amaya.