El papel que jugó el presidente de la Comisión Ejecutivo Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, en las negociaciones con la firma italiana Enel, ha quedado bajo cuestionamientos después que el abogado Arturo Muyshondt advirtió que el funcionario podría ser procesado por tres delitos.
López Villafuerte ha admitido en distintas entrevistas en los medios de comunicación que él participó en las negociaciones con Enel, nombrado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, cosa que, para Muyshondt, este funcionario no debió hacer si tenía la firme convicción de que era ilegítimo el contrato suscrito en 2002 con Enel.
Lo que Muyshondt insiste en cuestionar es que si el gobierno alega que Enel obtuvo de manera ilícita las acciones, entonces ha sido ilícita la recompra y los funcionarios que participaron en ella –incluso López Villafuerte– habrían cometido delitos tales como receptación (compraventa de bienes ilícitos), peculado (apropiación de recursos estatales) y negociaciones ilícitas.
El pasado marzo, tras participar como observador en una audiencia preliminar del caso en los tribunales, López Villafuerte defendió que aunque las acciones de Enel hayan sido obtenidas de forma ilegal, él y los demás funcionarios participantes en la negociación “lo único que hicieron fue recuperar los recursos que son de CEL y liberar de responsabilidades a Enel porque es posible que los habrían engañado”.
Ante los periodistas que cubrían la diligencia, el funcionario ejemplificó con el caso de una empleada que se roba un sillón y se lo vende al vecino. Luego el dueño del bien le exige el sillón, pero el vecino no se lo quiere dar porque él se lo compró a la empleada. Entonces el propietario original del sillón demanda penalmente a la empleada por haberse apropiado del sillón y también civilmente a la persona que se lo compró. Luego, según explicó López, el que compró el sillón prefiere entregárselo al dueño, pero le pide que le dé el dinero que pagó por el mismo.
En el caso de las negociaciones, López dijo que CEL e INE llegaron a un acuerdo con Enel para que les vendiera las acciones, pero además CEL mantiene la acusación civil contra los ocho procesados porque quiere recuperar el dinero que pagó la autónoma a la empresa italiana por la compra de las acciones.
“Nosotros recuperamos las acciones, pero me reservo la parte civil para el caso de la empleada (procesados) y libero al vecino (Enel) porque podría ser que lo engañaron”, dijo López en esa ocasión.
Las negociaciones acabaron con casi una década de conflicto entre el gobierno salvadoreño y Enel, aunque se ha mantenido el juicio contra los exfuncionarios que trataron originalmente con Enel, algo que para la defensa no tiene razón de ser, pues la CEL ha demostrado que no había nada ilícito desde el momento en que le compró las acciones a la firma italiana.
Muyshondt, quien defiende al exministro de Economía, Miguel Lacayo, uno de los acusados, señaló que tiene que haber equidad: si le compraron las acciones a Enel, era porque realmente no tenían un origen ilícito. Caso contrario, el presidente y los directivos de CEL actuales se exponen a una persecución judicial que puede durar hasta 15 años, después de dejar de ser funcionarios.
Participación activa
En una entrevista con el periódico La Prensa Gráfica, el 19 de diciembre, López reconoció que participó activa y directamente en las negociaciones con la empresa Enel para la compra del 36.2 % de las acciones que la firma italiana tenía en LaGeo, el asocio público privado que se creó para la explotación de la energía geotérmica.
Junto a López Villafuerte participaron el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado, y el Fiscal General, Luis Martínez.
López Villafuerte explicó que durante las conversaciones se utilizó un modelo matemático financiero, de mutuo acuerdo, con indicadores de inversión a futuro y se calculó el valor de cada una de las acciones.
Sostuvo que la primera reunión la sostuvieron el 12 de julio del año pasado en México, donde solo técnicos comenzaron las negociaciones y se apartaron a los abogados de cada parte para dialogar desde el punto de vista técnico.
“Esa cuestión se dio así: le propuse poner una mesa, limpiar el mantel sucio y poner uno nuevo, negociar, hablar”, dijo López a La Prensa Gráfica.
Señaló que cuando se alcanzó un acuerdo con respecto al monto de la venta de las acciones, se reunieron las dos partes en conflicto con sus respectivos equipos de abogados en el Centro de Arreglo de Disputas de Banco Mundial (CIADI, en Washington) y allí participó el Fiscal General, Luis Martínez.
En esta reunión se planteó suspender por 30 días cualquier situación en el marco del CIADI, situación que fue bien vista por ese centro mediador que propició un buen ambiente para que dialogaran las dos partes.
“Dimos la batalla por la geotermia”, afirmó López.
Descartan expropiación
También López Villafuerte ha reconocido en reiteradas ocasiones que la expropiación de los títulos valores que le pertenecían a Enel, era una de las opciones para terminar con el litigio internacional.
Sin embargo, el presidente de CEL ha dicho que no se aceptó porque se enviaba un mal mensaje a la inversión extranjera.
Al final, según López Villafuerte, se decidió por comprarles las acciones a la firma italiana porque Enel no tenía intenciones de quedarse como socio minoritario, sin tener la administración de LaGeo.
Entonces, según el presidente de CEL, la autónoma no iba a permitir que siguiera con la administración de la LaGeo, porque el “recurso era de nosotros, y lo queríamos administrar nosotros. Si iban a seguir como socios, sería bajo nuestras condiciones”, dijo en la entrevista.