Los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que el jueves tomaron posesión, se inauguraron con una nueva demanda de inconstitucionalidad en contra del Congreso por haber aprobado $900 millones en préstamos. Algunos de los directivos aunque están en desacuerdo con dicho recurso, aseguran que acatarán cualquiera que sea la resolución del tribunal judicial.
La demanda fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el ciudadano René Alfonso Guevara, quien alega que la Asamblea Legislativa violó los artículos 131,143 y 148 de la Carta Magna al no someter a discusión previa la aprobación de los $900 millones el 23 de abril anterior.
Otro de su argumento es que la diputada Sandra Salgado, de GANA, se abstuvo de votar al alegar que desconocía el proyecto y echó al traste la aprobación del empréstito, pero luego fue sustituida con el diputado suplente de Guillermo Gallegos y así lograron los 56 votos requeridos.
Los directivos del Congreso, Francisco Merino, del PCN; Jackeline Rivera, del FMLN, y Mario Tenorio, de GANA, dicen que el demandante está en su derecho de interponer el recurso de inconstitucionalidad, y que esperan que los magistrados de la Sala se apeguen a los argumentos jurídicos a la hora de emitir su resolución.
“El procedimiento que se hizo en el pleno, de introducirlo a ser discutido en el pleno, de que se intenta una votación y no se alcanza la votación y que después se pide que se reconsidere el tema, ese es un procedimiento totalmente válido, no es una circunstancia extraordinaria”, argumentó Rivera.
A su juicio, los argumentos del demandante de que no fue ampliamente discutido el tema de los créditos no tiene fundamento.
“Desde el punto de vista que se haya violentado, o se hayan hecho actos arbitrarios sin pasar por discusión, por debate; es decir, querer argüir que los diputados y diputadas de la comisión respectiva no conocían el tema, es insostenible, porque ese es un tema que tenía días de estarse discutiendo” en la comisión de Hacienda, sostuvo la efemelenista.
Tanto Mario Tenorio como Francisco Merino aclararon que desconocían los argumentos que esgrime el demandante, pero que en todo caso están dispuestos a cumplir el fallo de la Sala que sea.
“Hemos hecho los procedimientos que nos habilitan las leyes, el trámite ya está en curso (de préstamos) y habrá que esperar lo que diga la Sala en su resolución. Las resoluciones se cumplen, somos un país de leyes y deben de cumplirse, nosotros estamos acostumbrados a cumplir las resoluciones, nos gusten o no, las resoluciones”, dijo el pecenista Merino.
El directivo por parte de GANA advierte las consecuencias de un fallo favorable a la persona que interpuso la demanda de inconstitucionalidad.
“Los señores magistrados de la Sala sabrán cómo van a resolver en este caso, pero yo pienso que en este caso los que saldrán perjudicado es el país porque los beneficios de este préstamo van para rubros importantes”, justificó Tenorio.
Aunque argumentó que están listos para cumplir lo que dicte la Sala, dejó ver su desacuerdo con algunas resoluciones del tribunal de justicia.
“En todo caso nosotros hemos acatado siempre todas las resoluciones de la Sala, incluso aquellas que no se han apegado al marco legal o al marco mismo de la Constitución y que han afectado la institucionalidad del país”, afirmó.
Durante el periodo de la Asamblea Legislativa anterior, se aprobaron $1,359 millones en deuda.