A raíz del escándalo de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, continúan las pesquisas sobre el proyecto de expansión de la represa 5 de Noviembre, por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) paga $189.3 millones a la firma Queiroz Galvao, una de las ligadas a este caso en Brasil.
Esto lo confirmó ayer el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), Andrés Amaya, quien incluso afirmó que se sigue recopilando la información relacionada, sobre todo la de la contratación y adjudicación a los brasileños.
“Es una investigación que apenas inicia pero estamos pidiendo información porque también es un caso de interés de la sociedad y que inició de oficio por parte de la Fiscalía, el proceso continúa”, indicó Amaya.
Además, el funcionario de la FGR confirmó que las investigaciones abarcarán el proceso de licitación y adjudicación de la obra, realizado entre julio de 2012 y enero de 2013, bajo el gobierno del expresidente Mauricio Funes y siendo Leopoldo Samour presidente de la CEL.
“Hemos estimado conveniente investigar por todo lo que se ha dado en Brasil y porque hay empresas de dicho país, tanto en la construcción como en la supervisión del proyecto. Queremos saber si acá han actuado igual que en su país” consideró el fiscal Amaya.
Hay que recordar que las constructoras ligadas a Petrobras están acusadas de inflar los costos de los proyectos de licitación en los que participaban para luego lavar dinero y realizar donativos a políticos, sobre todo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de oposición, indican las versiones de las autoridades de Brasil.
De momento, según la Fiscalía, CEL no ha manifestado ningún retraso o irregularidad en el proyecto. Sin embargo, esto “no conlleva frenar el caso”.
“La línea de investigación que de momento manejamos es ver la relación entre las empresas brasileñas y lo que pasó acá, si las contrataron bien o mal o si las circunstancias del caso Petrobras pudieron darse en el país, eso es fundamental para continuar con este caso”, agregó Amaya.
Las indagaciones en la expansión iniciaron en enero pasado con una inspección técnico-ocular de cinco fiscales anticorrupción de todo lo que actualmente construye el contratista brasileño de la autónoma.
Por último, se debe agregar que el Ministerio Público está por definir si serán necesarios peritos para realizar otras averiguaciones en el sitio del proyecto, ubicado entre Chalatenango y Cabañas, sobre el río Lempa.