Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa acordaron, ayer, llevar a la plenaria de mañana jueves la aprobación de la reforma constitucional para ampliar los periodos de alcaldes y diputados a 5 años.
El acuerdo fue por unanimidad de todos los partidos políticos y entrará en vigencia a partir de 2018, con la única salvedad que los funcionarios electos en esa fecha durarán en sus funciones 4 años, esto con el objetivo de que las elecciones municipales y legislativas no se junten con las presidenciales, para lo cual los diputados acordaron crear un decreto transitorio.
Según los legisladores, lo anterior permitirá al Estado un ahorro que oscila desde los $500 millones hasta un máximo de $1,000 millones, reveló Mario Ponce, del PCN. En la actualidad, cada evento electoral le cuesta al país entre $30 y $45 millones.
“Si nos vamos a ahorrar entre cuatro a cinco elecciones, sólo el Estado gasta entre $30 a $40 millones y lo que gastan los partidos (en concepto de deuda política y campaña electoral) se estarían ahorrando unos $500 millones”, dijo Alberto Romero, de ARENA.
Otro de los elementos que los diputados valoraron para acordar la reforma, es que la alternancia de dos años y medio entre el periodo legislativo y municipal con el presidencial servirá para que la población haga un examen de como está gobernando el Ejecutivo y el Legislativo.
Jackeline Rivera, del FMLN, aseveró que de esta forma la ciudadanía podrá premiar con más diputados y alcaldes al Presidente que realice un mejor trabajo en el Gobierno o caso contrario castigar su gestión otorgándole menos poder en la Asamblea.
Añadió que esta misma mecánica funcionaría en el caso que los diputados y alcaldes del partido en el Gobierno desencanten al electorado.
Ponce reveló que el acuerdo tomado ayer fue el producto de las reuniones que sostuvieron los legisladores durante varios días con miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los artículos que serán modificados en la Constitución de la República son el 124 y el 202. La actual legislatura lo aprobará con mayoría calificada de 56 votos y la que entra el 1 de mayo tendría que ratificarla con igual cantidad.
Para ello la comisión contó con dos propuestas, la de GANA y la del FMLN, pero los diputados de la Comisión de Reformas Electorales acordaron basarse en la del partido de izquierda para hacer la reforma.
Pero según Luis Mario Rodríguez, Director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), lo que busca la Asamblea en cuanto a ahorro no es tan cierto, y puso como ejemplo las recientes elecciones en las que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, optó por contratar a 20 empresas para gastar menos en la transmisión de los resultados y pese a ello el proceso tuvo varias trabas en el camino, reflexionó.
Lo anterior sólo es una de las observaciones que Rodríguez pone en tela de juicio, la más importante tiene que ver con la elección de los funcionarios de segundo grado, pues mencionó que ampliar los periodos de legisladores y alcaldes a 5 años estaría contraviniendo la reforma constitucional que se firmó poco después de los Acuerdos de Paz de 1992.
En este rubro se encuentran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Fiscal General de la República (FGR), los magistrados de la Corte de Cuentas, y el Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
“Tendremos entre 10 y 15 magistrados (de la CSJ) violentando por completo el espíritu de la reforma que se aprobó en los Acuerdos de Paz, esto podría generar un problema que violenta disposiciones constitucionales en cuanto a funcionarios de segundo grado y podría ser materia y objeto de control constitucional”, afirmó.
Para los diputados modificar la Constitución para ampliar los periodos legislativos a cinco años les da la “potestad” de elegir hasta dos tercios de los magistrados de la CSJ, ya que los diputados gobernarán el Congreso durante cinco años y no tres, que es el parámetro que la Sala de lo Constitucional toma en cuenta.
“Ahora es diferente, se amplía el periodo de tres a cinco años, eso significa que hay un lapso de tiempo a dos años en donde los legisladores sí tienen la potestad de elegir a dos tercios pero no a tres, les puedo asegurar que la regla no se va a romper”, esgrimió Ponce.
En cuanto a que con la reforma se busca reducir la periodicidad de los eventos electorales para que no sean tan recurrentes, Rodríguez reflexionó que mientras no se haga una reforma al Código Electoral para que el TSE regule los tiempos que tienen los partidos para hacer campaña electoral, eso no se logrará.
Rodríguez propone que se sancione con anular a los partidos o la inscripción de los candidatos si estos inician seis meses o un año antes con la campaña electoral.