El Fiscal General de la República, Luis Martínez, demandó ayer la destitución del director de Centros Penales, Rodil Hernández, por su “evidente incapacidad y negligencia”.
El hallazgo de hasta dos armas en el presidio de Ciudad Barrios fue la gota que colmó el vaso, para el jefe del Ministerio Público. (Ver nota aparte). En días previos cuestionó el ingreso de televisores LCD al Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz).
“No es posible que recurrentemente estemos encontrando objetos prohibidos en cada requisa que estemos realizando (en los penales)”, reclamó el Fiscal General en declaraciones para El Diario de Hoy.
El titular del Ministerio Público puntualizó que espera que el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, también tome las medidas correctivas en este sentido.
Martínez anticipó que la Fiscalía abrirá un expediente de investigación contra Hernández, como lo ha hecho en cada hallazgo de objetos prohibidos en los penales.
Para el Fiscal, esta reincidencia es el reflejo de que no se toman las medidas correctivas necesarias para contener el ingreso de ilícitos en los penales. “Muchas veces en el mismo centro penal volvemos a encontrar teléfonos celulares, droga y otra serie de objetos”, argumentó.
Por esta razón el Fiscal manifestó que “ha llegado el momento de poner orden y disciplina en las prisiones”.
Añadió que tendrán que sentarse a analizar de “forma muy seria” con el ministro de Justicia, a fin de tomar “medidas drásticas”, porque no es coherente que unas instituciones estén haciendo bien el trabajo y otros destruyan lo bueno que se está construyendo.
Martínez aseguró que los televisores que encontraron en la última requisa realizada en el centro de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, fueron retirados por la Fiscalía, y solos les dejaron seis para “los fines didácticos que, entre comillas”, justificaron las autoridades penitenciarias.
De los otros 16 televisores encontrados se tiene que probar que tenían “fines educativos” como alegó el gobierno, sentenció Martínez.
De hecho, anticipó, la Fiscalía investigará, en coordinación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria de ese penal, el verdadero uso que se le estaba dando a esos aparatos.
De todos modos, el Fiscal General señaló que los 16 televisores fueron entregados a instituciones benéficas, como escuelas públicas “para que estén al servicio de las personas que en realidad los necesitan”.
“Estos aparatos serán utilizados para fines didácticos y recreativos para los buenos salvadoreños”, recalcó.
Martínez cuestionó que se les haya impedido realizar la requisa en el penal de máxima seguridad, el 15 de abril por la noche, y consideró contradictorio que se impidiera ingresar a los policías con sus armas y ahora aparezcan reos armados en la cárcel de Ciudad Barrios, San Miguel.
Consideró innecesario abrir una investigación por la intransigencia que las autoridades penitenciarias mostraron el 15 de abril por la noche, porque al día siguiente se realizó ese procedimiento.
Además, el Fiscal General afirmó que fue él quien dio la orden de retirarse y no ingresar al penal de Zacatecoluca aquella noche, por el alto riesgo para fiscales y policías en esa requisa donde están los peores delincuentes.
No fue posible localizar a Hernández ni al ministro Lara ayer tarde para obtener su reacción.
Tregua, otra trampa
En cuanto al reciente comunicado emitido por las pandillas, en el que se comprometen a retomar la tregua y reducir los homicidios, el Fiscal General dijo que no van a caer en ninguna trampa.
“No vamos a caer en ninguna trampa ni en situaciones que afecten en una forma hipócrita a la sociedad salvadoreña”, subrayó.
Dijo que en el país no hay espacios para malos salvadoreños que en lugar de buscar el interés y el bienestar de los ciudadanos honrados y trabajadores, buscan obtener un protagonismo y beneficios que solo llevan dolor y luto a la Nación.
Ante informaciones de que las pandillas han solicitado la “mediación” de la Cruz Roja Internacional para una nueva “tregua”, Martínez se mostró en desacuerdo de la intervención de esa institución, pues señaló que la legislación salvadoreña no lo permite, sobre todo porque las pandillas son grupos delincuenciales.