Luego de que marzo cerró como el mes más violento de la última década con un cifra récord de 15.5 homicidios diarios y, en lo que va de abril, la cifra ha incrementado a 16 (muchos de estos agentes de la Policía), un promedio histórico, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció una serie de medidas para contrarrestar el crimen.
El mandatario dijo ayer que se ha reunido con los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, así como con el Fiscal General de la República, para buscar una solución ante los graves problemas de inseguridad que tiene el país.
Sánchez Cerén anunció, además, que este mes podrían entrar en vigencia medidas como reestructuración de la Policía Nacional Civil (PNC) e incrementar el número de militares en las calles.
También, aclaró que solicitará más recursos para tener la suficiente capacidad de armar a la PNC y mayor movilidad, para que tengan mayor presencia en las comunidades.
Sobre las adecuaciones de la PNC, mencionó que en el país hay 10 municipios que deben recuperarse, en dichos lugares se busca dar una aplicación de esta política integral y poner los mandos más capacitados y comprometidos de la Policía, como parte de las readecuaciones.
Enfatizó que están analizando conformar una fuerza de tarea, un mayor posibilidad de actuar para desarticular toda las redes de clicas y las estructuras de pandillas que existen en el país.
“Y estoy valorando el uso de más efectivos de la Fuerza Armada para este enfrentamiento (a la delincuencia)”, aseguró el presidente Sánchez Cerén.
Agregó que están analizando más represión al delito, más persecución del crimen, garantizar un trabajo más efectivo en la prevención, posibilitar un trabajo en la rehabilitación y en el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver en el combate de la delincuencia.
Mencionó que a través del Ministerio de Seguridad Pública buscarán garantizar un mayor esfuerzo en el combate contra las pandillas, ya que este es el principal problema que atormenta al país.
Agresión al Estado
El gobernante también mencionó que el repunte de hechos violentos en los últimos días obedece a la “operatividad” de la PNC y lo calificó como una agresión al Estado y a la sociedad en general.
“Es una agresión al Estado, es una agresión a las instituciones, porque está atacando no solo a la Policía, está atacando a la Fiscalía, a los jueces, a la Fuerza Armada y además a los custodios de los centros penales”, dijo el mandatario.
Argumentó que la escalada de violencia obedece al combate que se ha intensificado contra las pandillas.
“De esos 481 homicidios que se cometieron en marzo, más de 140 son pandilleros que murieron en enfrentamientos o en combates de encuentros con la Policía, esa operatividad hace de que haya una reacción”, mencionó.
Ante la constante amenaza de la que son blanco los agentes de la PNC, partidos políticos como el PDC también se han pronunciado con propuestas ante la problemática. Arnoldo Marín, diputado del PDC, presentó ayer a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se apruebe una ley de compensación económica para las familias que hayan perdido a un familiar por ser miembro de la Policía a manos de los delincuentes o pandilleros.
Con esta normativa, denominada “Fondo de Protección Familiar Policial”, se busca dar protección económica y moral a las familias de los policías asesinados por ejercer labores de seguridad.
Se plantea que para la formación del fondo el Estado aportará, a través del Ministerio de Hacienda, $250 mil como capital inicial. El monto podría incrementarse a través de donativos extranjeros o nacionales, de personas naturales o jurídicas.
La propuesta del PDC también plantea que se destinará un 10 % del dinero proveniente de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio que le corresponde a la PCN.
El fondo sería administrado por el ministro de Justicia y Seguridad, el director de la Policía y el ministro de Hacienda. El PDC plantea que de aprobarse debería ser retroactivo, es decir, que sería de beneficio para las familias de los policías que han muerto a manos de la delincuencia desde el 1 de enero de 2014.