Mientras algunos empresarios unionenses prefieren cerrar sus negocios como consecuencia del acoso de mareros que los extorsionan, otros, en cambio, se esfuerzan por salir adelante.
“Estamos aquí porque tenemos compromisos y aprendemos a vivir con el cáncer (de las extorsiones). ¿Hasta cuándo nos van a curar de este problema?”, expone uno de ellos.
El esfuerzo y riesgo son grandes y los resultados, pocos, asegura. “Mucha gente va cada día más endeudada, apretándose el cincho. Quiere estar mejor y no puede porque ese dinerito va para ellos (maras)”, añade.
Todos esos fondos que podrían invertir en ampliar negocios acaban en manos ajenas, pero no son de quienes recogen el dinero de la extorsión. “Los que cobran dicen que todo el dinero va (a parar) a los cabecillas que están presos”, expone.
Víctimas de extorsionistas en La Unión aseguran que una ruta de buses paga 5 mil dólares mensuales. Y a los propietarios los tienen amenazados con quemar las unidades si no pagan a tiempo.
“Si uno no tiene el dinero (para entregar a los pandilleros), lo primero que hace es ver qué empleado suprime, no darle trabajo”, aclara.
De hecho, una empresa suprimió la seguridad privada de los camiones que posee y de ahí sale la cuota que paga.
La esperanza de empresarios unionenses es que se hagan cumplir las leyes, como la de escuchas telefónicas.
Consideran clave cortar el flujo de dinero a las pandillas. “Si se les quita ese ingreso, se debilitan”, dicen.
En ese sentido, el departamento de Investigaciones de la delegación de la Policía en La Unión tiene muchas expectativas por la recientemente aprobada Ley Antiextorsiones.
Sin embargo, también tiene sus reservas de que resulte inoperante, como con la ley antipandillas, “que muchos jueces la declararon inaplicable con base en la Constitución (de la República)”.
Por el momento, están a la espera de que el presidente Salvador Sánchez Cerén la sancione y luego sea publicada en el Diario Oficial, para comenzar a aplicarla.
Maras usan Anamorós como un escondite
Los registros policiales en La Unión indican que en 2014 hubo 67 personas detenidas por extorsión. Mientras que en enero y febrero de 2015 fueron 11.
En ambos años, todos los detenidos son pandilleros que operaban en La Unión, Santa Rosa de Lima y San Alejo (es la zona de más incidencia que tenemos), aseguran investigadores de la PNC.
Explican que la zona de San Alejo con más problemas es el sector oriental de ese municipio, que colinda con La Unión. Una de las razones es que ahí hay mucha presencia de mareros.
Otro sector donde registran problemas por maras es el casco urbano de San Alejo y sectores de El Carmen.
Anamorós también presenta alto índice de pandillas. Este municipio, según la PNC, se ha convertido en zona de refugio de pandilleros que han cometido algún delito en San Miguel, Corinto (Morazán) y Santa Rosa de Lima.
A pesar de que llegan con el fin de ocultarse, también delinquen. “Cuando vemos el perfil de la víctima, observamos que son personas humildes, de escasos recursos que ni siquiera tienen familia en Estados Unidos”, exponen los investigadores.