La Fiscalía General de la República investiga que familiares de pandilleros presos hayan sacado más de 25,000 dólares en efectivo y varios televisores plasmas del Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel, antes de que se realizara una requisa en el reclusorio.
Ante tal situación, el Fiscal General, Luis Martínez, pidió una reunión urgente hoy con el Comisionado Presidencial para la Seguridad Pública, Francis Hato Hasbún, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, para discutir los privilegios otorgados a los mareros recluidos en los distintos centros penitenciarios.
“El dinero y algunos plasmas habrían sido retirados por familiares de los pandilleros terroristas días antes, al ser avisados del operativo. Hay documentos que así lo reflejan, al igual que declaraciones de varios presos”, según denunció Martínez a través de un comunicado.
Ante los reiterados hallazgos de objetos ilícitos y armas de fuego en las penitenciarías donde se encuentran pandilleros recluidos, refleja una supuesta ” negligencia o complacencia” de los encargados de los distintos reclusorios, señaló Martínez.
El Fiscal llegó a demandar la semana anterior la destitución del director de Centros Penales, Rodil Hernández, quien se ha limitado justificar el trabajo de su oficina (ver nota aparte).
“Todo esto refleja la situación gravísima en los centros penales, en cuanto al otorgamiento de privilegios a pandilleros terroristas. Esto no es un tema político, ni debe ser tratado con ideologías, este es un tema serio de Nación. Por eso he pedido la reunión para tomar medidas drásticas de frente a la población”, dijo Martínez.
Sin embargo, la requisa que realizaron Fiscalía y Policía en el referido centro penal, luego de un masivo traslado de pandilleros a la penitenciaría en Izalco, Sonsonate; les permitió decomisarles 6,900 dólares a los reclusos, sin que éstos justificaran su procedencia.
Además les incautaron 55 televisores plasmas, 21 refrigeradoras (freezer), 18 cocinas, 190 celulares, 215 chips, 1,538 porciones de marihuana, dos parlantes industriales con sus respectivas consolas, una minicomputadora con impresora, 70 ventiladores, armas cortopunzantes, dos revólveres, y 54 cartuchos para los mismos.
Las autoridades fiscales sospechan que los parlantes eran utilizados por los reclusos para amenizar fiestas y otro tipo de shows dentro del penal, supuestamente con la anuencia de las autoridades penitenciarias del lugar.
“Nuestra misión es terminar con esas acciones de privilegio para los terroristas, y todo apunta a un plan orquestado de consentirlos por parte de las autoridades encargadas. La pasividad es evidente, tener todos esos artículos, y la PNC necesitando recursos y mejores armas”, reclamó Martínez.
Además, el Fiscal cuestionó que las autoridades penitenciarias no les hayan permitido entrar armados, la primera vez, a policías y fiscales al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, conocido como Zacatraz, pero “en el penal de Ciudad Barrios, venimos a encontrar armas y municiones de grueso calibre. Pregúntense, ¿a quiénes protege, entonces el director de Centros Penales?, ¿cómo sabían de la requisa?”, se preguntó el fiscal Martínez.
Martínez reclamó que “muchas veces en el mismo centro penal volvemos a encontrar teléfonos celulares, drogas, armas cortopunzantes, y otra serie de objetos ilícitos”. Martínez ha ordenado la entrega de la mayoría de los televisores plasmas a centros educativos, de ancianos y a puestos de la Policía.