La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) advirtieron que no es conveniente para la institucionalidad democrática del país que se reforme la Constitución de la República para ampliar a cinco años los periodos de elección de diputados y concejos.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa y que podría ser avalado hoy en la sesión Plenaria, violenta el derecho de elección de los representantes y el mecanismo de sustitución de funcionarios que no responden a los intereses de los salvadoreños, según la posición de la ANEP.
Mientras tanto para la Cámara una reforma constitucional de dicha importancia no puede realizarse sin un amplio proceso de consultas con la sociedad civil, por lo que exigieron a los diputados “analizar la propuesta y discutirla con los grupos de ciudadanos organizados antes de proceder con su aprobación”.
“La modificación es un intento por reducir el único control que el ciudadano puede ejercer ante la mala actuación de representantes electos. Con la decisión de la Comisión de la Asamblea Legislativa de aumentar a 5 años el periodo de los diputados se disminuye la fuerza del voto en la conformación del máximo órgano de representación”, reforzó la ANEP a través de un comunicado.
Para las gremiales la propuesta de reforma daría a una misma legislatura la facultad de elegir dos veces a los funcionarios de segundo grado, como son el Fiscal General de la República, el presidente de la Corte de Cuentas, el Procurador de Derechos Humanos y a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Esto no es provechoso para nuestra democracia, ya que haría a las instituciones aún más vulnerables ante los intereses político-partidarios. Las reformas que se necesitan deben fortalecer la independencia de las instituciones democráticas de los intereses partidarios”, indica Camarasal.
Por otra parte las gremiales no comparten el argumento de que la ampliación de los periodos legislativo y de los concejos municipales producirá un ahorro al país, pues a partir de la entrada en vigencia de la reforma, habría elecciones cada dos años y medio.
“Esto generaría gastos extras al Estado y a los mismos partidos políticos y afectaría el clima de negocios y de inversiones, dada la incertidumbre que generan los eventos políticos”, puntualizó la ANEP.
Las gremiales apuestan por separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral.