En las últimas dos semanas, el Gobierno dejó atrás las medidas que había implementado contra las pandillas en los meses previos y dio un giro completo apoyándose en la Fuerza Armada para la creación de batallones especializados, con los diputados en la modificación de leyes y más fondos directos para el uso de seguridad; e intervino desarticulando las estructuras de las pandillas en las cárceles.
El viraje en los planes de seguridad de enfrentar de manera directa a las pandillas se realiza tras el aumento de la operatividad, organización y armas que tienen su poder las maras, fortalecidas por la tregua en el gobierno de Mauricio Funes.
Desde la madrugada de ayer, las unidades élites de la Policía y custodios de Centros Penales realizaron el traslado de dos mil mareros que se encontraban en las prisiones de Izalco, Quezaltepeque y Gotera.
Tres horas más tarde, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, anunció que un total de 600 militares formarán los tres nuevos batallones de la Fuerza Armada. Los batallones serán nombrados Fuerzas Especiales de Reacción y su base de operaciones será el Comando de Fuerzas Especiales (Ver siguiente página).
Paralelamente al anuncio de Munguía Payés, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordó modificar la Ley Orgánica de la Policía para permitir el acuartelamiento dentro de la Corporación Policial, es decir que los agentes podrán estar a tiempo completo en sus labores. (Ver nota aparte).
A los nuevos cambios se suma la nueva operatividad que las unidades élites de la Policía realizan cuando son atacados miembros de la corporación policial, fiscales, militares y jueces. Los efectivos ingresan a las casas y realizan registros a personas sospechosas e inmuebles donde habitan los pandilleros.
Las medidas dejan a un lado el plan de la Policía Comunitaria, Plan Casa Segura y el plan Batalla por la Paz, los cuales no ayudaron en el combate a las pandillas de y no se vio operatividad de la Policía.
El anuncio y ejecución de los planes se realiza durante una escalada de ataques y asesinatos contra militares y policías, que ha dejado 23 policías y seis militares asesinados en el año.
El ataque más reciente fue el homicidio contra Yamilet Alfaro Mena, una agente policial que fue ultimada en Zacatecoluca el lunes anterior. Ese mismo día, durante la mañana, los pandilleros realizaron dos ataques contra soldados y oficinas de la Fuerza Armada, dejando como resultado un soldado muerto y tres heridos. También, hubo enfrentamientos entre pandilleros y policías que dejaron muertos y heridos.
De acuerdo con fuentes de inteligencia policial, las pandillas estarían uniéndose para hacer una sola lucha contra el gobierno y no matarse entre ellos. Además buscan tener más entrenamiento y armas.
El comisionado presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, dijo que desconoce información sobre que la MS y la 18 podrían unirse para incrementar acciones más fuertes contra el gobierno.
Reos presos en zonas donde viven contrarios
Con los traslados, las autoridades de Seguridad pretenden cortar la comunicación y logística entre mareros presos y quienes viven en los alrededores de las cárceles.
Además, buscan evitar las visitas masivas de otros pandilleros, quienes son los responsables de recibir indicaciones hacia las clicas en las colonias y barrios.
Los reos de la pandilla 18 que estaban presos en el penal de Izalco, en Sonsonate, fueron movidos hacia la cárcel de San Francisco Gotera, la cual está situada en la comunidad Vista Hermosa, una zona donde habitan decenas de mareros de la mara Salvatrucha.
Mientras que los mareros de la MS que estaban presos en Gotera y fueron trasladados hacia Izalco, estarán rodeados de pandilleros de la 18, que viven en una comunidad aledaña y otros que llegan de otros lugares.
Un comunicado de Centros Penales afirma que el traslado de los mareros “es parte del proceso de clasificación de privados de libertad que tiene como objetivo ubicar a los reos de mayor peligro en cárceles con mayor régimen de seguridad.
El comunicado dice que esto (los traslados) se convierten en una acción permanente, para darle cumplimiento a nuestra política penitenciaria”.
Los cambios se suman a dos movimientos más que realizaron las autoridades contra los cabecillas de las pandillas semanas atrás, donde más de 60 cabecillas fueron trasladados de penales comunes hacia el de máxima seguridad conocido como Zacatraz.
Las acciones contra la delincuencia tuvieron reacciones en la Empresa Privada y otros sectores. El presidente de la ANEP, Jorge Daboub, dijo que (los ataques contra agentes policiales) lo vemos con una enorme preocupación, no puede ser que las autoridades estén siendo desafiadas de esta manera y, obviamente, es el resultado de que el gobierno anterior no aplicó políticas de seguridad serias, estables, congruentes con la realidad que estamos viviendo.